ACTUALIDAD.

Las novedades de la Educación Social
Eduso.net > Actualidad > Andalucía > Posicionamiento público de CoPESA ante lo acontecido en el centro de internamiento de menores infractores Tierra de Oria
1 agosto, 2019 · Andalucía ,

Posicionamiento público de CoPESA ante lo acontecido en el centro de internamiento de menores infractores Tierra de Oria

El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (CoPESA) ha emitido el siguiente posicionamiento ante lo acontecido en el centro de internamiento de menores infractores Tierra de Oria (Almería)
 

(Imagen en GINSO)

_____________________

Acceso al documento
_____________________

 

POSICIONAMIENTO PÚBLICO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DE ANDALUCÍA
  

En primer lugar, el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía manifiesta su más sentido pesar por la pérdida de una vida humana, y en concreto, por el fallecimiento del joven Ilyas, en el Centro de Internamiento de Menores Infractores de “Tierras de Oria” (Almería), trasladando su solidaridad y acompañamiento en estos momentos de dolor a sus padres, familiares, allegados de la familia y amistades.  

En segundo lugar, CoPESA invita a la ciudadanía a huir del morbo y sensacionalismo que promueven este tipo de noticias, así como su tratamiento informativo fuera de un contexto profesional e inteligible de lo que suponen este tipo de instituciones para la recuperación social de menores/jóvenes infractores; ya que un inadecuado tratamiento de la información puede llevar a equívocos y confusiones sobre el tipo de intervenciones socioeducativas que se realizan en estos centros, las medidas judiciales que cumplen los/as menores/jóvenes en los mismos y sus casuísticas, así como los medios de contención que se pueden utilizar por los equipos de seguridad, legalmente soportados; ante situaciones de evidente violencia, agresividad y alteración del orden y la convivencia en el centro, a cargo de los/as menores/jóvenes, en atención a sufrir daños sobre sí mismos, hacer daño a otras personas en el centro o destrozar el mobiliario de un bien público.   

Un tratamiento inadecuado de la información nos puede llevar a jugar con la presunción de inocencia, con la que toda persona debe contar, haciéndola presuntamente responsable de unos hechos a priori. En este caso, a unos profesionales.  Consecuentemente con este planteamiento, parece lógico, que esperemos a que los órganos judiciales encargados de investigar estos hechos se pronuncien al respecto, en su día, y no hacer juicios sobre unos presuntos hechos, que como manifestamos pueden dañar a las personas, a los profesionales que trabajan en estos centros, así como a la propia entidad privada “sin ánimo de lucro” que los gestiona.  

En tercer lugar, tenemos que señalar, que estos Centros, a diferencia de los Centros de Protección de Menores, se pusieron en marcha en toda España, y concretamente en Andalucía, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, por la que 185 jóvenes mayores de 16 años salieron de las prisiones andaluzas para incorporarse a este nuevo modelo de centros y gozar, a partir de ese momento, de un régimen especial penal de menores (educativo-sancionador) en cuanto a su tratamiento, con el objeto de diferenciarlo del tratamiento de los mayores de edad, modificando el código penal para ello y equiparando la mayoría de edad con la edad penal, esto es, a los 18 años.   

Esta Ley se aprobó, para que los/as menores/jóvenes que cometiesen hechos ilícitos penales, atendiendo a su edad cronológica, a partir de los 16 años hasta los 18 menos un segundo, y sus circunstancias personales, psicológicas, sociales, educativas y familiares no entrasen en las cárceles, adaptando de esta forma la normativa española a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas, para la administración de la justicia de menores, más conocidas como las Reglas de Beijing, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985.  

En cuarto lugar, como Entidad de Derecho Público, compartimos plenamente, como no podía ser de otra forma, la iniciativa tomada por la Institución del Defensor del Menor de Andalucía con la queja abierta de oficio por su Oficina para investigar el fallecimiento de este joven de 18 años, en el Centro de Internamiento de Menores Infractores de “Tierras de Oria” (Almería).  

En quinto lugar, solicitamos como Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que se verifique si la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), que gestiona el Centro de Menores Infractores de “Tierras de Oria”, está cumpliendo con los requisitos formativos y de titulación de su personal, así como la ratio menor/joven Educadora y/o Educador Social, según el contrato suscrito con la Junta de Andalucía por dicha entidad privada “sin ánimo de lucro”.   

En sexto lugar, el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (CoPESA), manifiesta que después de 32 años de competencias plenas en materia de menores infractores en Andalucía (Estatuto de Autonomía para Andalucía Art. 61.3.a)) y en función de lo contemplado en la Disposición final séptima, punto 2. de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores: “las Comunidades Autónomas con competencia respecto a la protección y reforma de menores adaptarán su normativa para la adecuada ejecución de las funciones que les otorga la presente Ley”.  

Dicha competencia, en la práctica en Andalucía, ha supuesto concertar todo el servicio de apoyo a la Justicia Juvenil, excepto los programas que se ejecutan desde el servicio público del CIMI San Francisco de Asís-La Biznaga, con entidades privadas “sin ánimo de lucro”.  

El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (CoPESA), entiende que, puesto que las medidas privativas de libertad afectan a un derecho fundamental y al igual que la reclusión de personas adultas es de gestión pública, del mismo modo este servicio debería de gestionarse desde los servicios públicos con las personas menores/jóvenes, a fin de garantizar una intervención socioeducativa con calidez y calidad que coadyuve al éxito de la efectiva reinserción en la sociedad de estos/as menores/jóvenes, debiendo ser las intervenciones en los centros de estas características, transparentes y sujetas a un mayor control del órgano u órganos administrativos que tienen la competencia.  

Por todo ello, el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (CoPESA), manifiesta que es un buen momento para aportar soluciones y constituir una mesa de trabajo entre los y las  profesionales que intervenimos en el ámbito de la justicia juvenil en Andalucía, como somos las Educadoras y Educadores Sociales, y los grupos políticos con representación parlamentaria en el Parlamento de Andalucía, para retomar los trabajos sobre una Ley que regule todos los servicios de apoyo a la Justicia Juvenil en Andalucía, atendiendo a las diferentes recursos necesarios para dar cumplimiento a las medidas judiciales que juezas y jueces puedan imponer a las menores y los menores/jóvenes, entre otros, los Centros de Internamiento de Menores Infractores, así como sus desarrollos.

  

En Córdoba, a 31 de julio de 2019

_____________________

Acceso al documento
_____________________

 


Buscar


Por fecha