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05/06/2025 · Cataluña ,

Marc Queralt, educador social: “Se nos pide que controlemos a los niños tutelados como si fueran delincuentes”

 


 

Marc Queralt, educador social: “Se nos pide que controlemos a los niños tutelados como si fueran delincuentes”

El presidente del Colegio profesional insiste en la necesidad de revisar la Dirección de Infancia catalana para evitar polémicas futuras como las que ahora pesan sobre la Generalitat

— La Dirección de Infancia catalana, en el ojo del huracán por el caso de la menor violada y una investigación de Antifraude

 


 

«Marc Queralt, presidente del Colegio de Educadores Sociales de Catalunya (CEESC), mira la crisis que está planeando sobre la Dirección de Infancia de Catalunya con preocupación. La polémica derivada del caso de la niña que sufrió abusos sexuales mientras estaba bajo guarda de la administración salió a la luz en plena investigación de Antifraude por sospechas de malversación en la gestión. Según Queralt, son el resultado de un caldo de cultivo que llevaba años cociéndose.

Ahora ve con buenos ojos la propuesta de reforma que ha presentado el Govern para atajar la crisis, pero alerta de que el sistema requiere de una transformación profunda para subsanar años de “parches” y de “falta de liderazgo político”.

¿Qué le parece la propuesta de reforma de la DGAIA que ha presentado la consellera de Derechos Sociales?

Hemos tenido una reunión con el Departament, pero sabemos poco más de lo que ya ha ido saliendo en medios. Aun así, de entrada, es una propuesta que nos gusta y que nos parece valiente. Lo que habrá que ver es cómo se hace y cómo se resuelven los interrogantes que hay.

Ahora bien, queremos hacer una llamada a la calma. Estos días ha habido mucho ruido y, por desgracia, se ha demostrado que cuando hay ruido las cosas no se mueven. Llevamos muchos años reclamando cambios y ahora lo que no podemos hacer es quejarnos precisamente porque hay cambios.

¿Qué echan en falta en esta reforma?

Se han presentado medidas que tienen que ver con el control económico, con la justicia administrativa o con los presupuestos. Pero se habla muy poco de educación. Todas las administraciones tienen que estar al servicio de la ciudadanía y cuando hablamos de la DGAIA, hablamos de la ciudadanía más vulnerable, que son la infancia y la adolescencia. Y, además, son personas que vienen de unas determinadas circunstancias que hacen muy necesario que hablemos más de educación.

La consellera pone mucho el foco en la prevención. De hecho, se ha añadido este término al nuevo nombre de la DGAIA, que pasará a llamarse Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Aolescencia (DGPPIA). ¿No es suficiente la propuesta de Govern?

Cuando un niño pasa a estar tutelado y no puede estar con la familia es porque han pasado muchas cosas. Y porque no se han tomado las medidas que se deberían haber tomado. Pero lo que es muy importante entender es que no hay que relajarse cuando esa criatura pasa a un centro de acogida. Ya lo hemos visto en el caso de la niña que fue víctima de abusos. Para nosotros, la prevención tiene que ser sinónimo de educación, y en estos casos se debería trabajar la educación sexual, la de salud y el autoestima. Es estar a su lado para reconocerles como sujetos y dotarles de un espacio de confianza.

En los últimos 10 años ha habido un incremento del 71% de los niños y niñas atendidos por la DGAIA, pero el personal no ha crecido significativamente. Las cifras dicen que hoy un educador social atiende una media de 40 usuarios. ¿Se puede prestar una buena atención con estas ratios?

No, en absoluto. Los profesionales deben tener la posibilidad de estar por los niños. Eso es algo que ahora no está pasando y no solo por las ratios. A día de hoy, un educador dedica más de la mitad de su jornada a hacer burocracia y eso no da posibilidades de generar vínculos, de estar con la persona y garantizar que te tome confianza. Todo ello, sumado a la alta rotación, se traduce en que no hay ningún tipo de vínculo.

Además, tenemos centros de acogida con hasta 40 personas y así es imposible tener una acción personalizada. De hecho, lo que acaba generando es que los niños y niñas tuteladas se acaben sintiendo víctimas y, a la vez, culpables de su situación.

Siguiendo con el caso de la niña que fue víctima de abusos sexuales, que tardaron cerca de un año en ser detectados, ¿qué piden los educadores sociales para poder ver antes ciertos indicios de riesgo?

Se trata de una responsabilidad colectiva. Los educadores nos podemos equivocar, claro, pero también necesitamos que, cuando señalamos ciertas cosas, haya quien nos escuche. En este caso en concreto, creo que es necesario poner en valor a los educadores que detectaron que algo pasaba y que dieron los pasos que tuvieron que dar.

Lo que me molesta es que se ponga el acento, de nuevo, sobre la víctima y sobre los educadores. Eso lo que nos dice es que la sociedad no pide un proceso educativo y de justicia para estos niños. Está pidiendo que se les controle. No se puede tener una cámara vigilándoles las 24 horas. Tampoco controlarles el teléfono a diario. ¿Dónde queda la intimidad?

Se nos recrimina que chavales de 12 años se escapen de los centros residenciales. Pero no es que se escapen, sino que un día, en lugar de volver directamente del colegio, deciden ir a otro sitio antes de volver. I claro que se activan alarmas y procedimientos, pero cuesta si los trabajadores cambian cada poco y no pueden estar ahí para entender los problemas que tienen los niños.

¿Por qué cree que la sociedad necesita tener controlados a estos niños?

La sociedad ve los centros residenciales como si fueran cárceles y se nos pide que controlemos a los niños tutelados como si fueran criminales, aunque no han hecho nada malo. Siempre recordaré el caso de una niña de 14 años que nos dijo, durante el trayecto hacia el centro residencial, que su padre y su madre no estaban haciendo bien su trabajo, pero en cambio era ella la que se tenía que ir de su casa.

Por eso no hay medidas de privación de libertad, sólo en casos excepcionales que requieren de autorización. Lo único que podemos hacer es castigarles con irse a su cuarto, como haría cualquier familia con su hijo. Nadie puede encerrar a un niño en su habitación ni atarle a la cama. No hay rejas y entran y salen en función de su edad. Repito: como en cualquier hogar.

Y debe ser así porque no han hecho nada malo. Cuando la derecha nos lleva a esta narrativa que trata a los menores como si fueran reclusos de lo que están hablando es de racismo. Porque cuando sueltan esos discursos no hablan de los chavales que han nacido aquí.

Si miramos los datos, entre los menores tutelados, hay más niños nacidos en Catalunya que migrantes.

Correcto. Por eso, lo que no podemos hacer es obviar estos discursos racistas. Los temas de los que nadie quiere hablar son gasolina para los incendios que quieren provocar las derechas. Y ya hemos visto, con casos como los de Piera, que lo consiguen [en referencia a los ataques contra un centro de menores con piedras y líquido inflamable].

Tenemos que tener este debate porque muchas veces estos centros de acogida, que pueden llegar a tener hasta 40 niños y niñas, están en pueblos de 500 habitantes. Y eso es un error. Porque el pueblo no puede absorberlo y porque los chavales están en lugares muy aislados en los que no están en contacto con la cultura que les acoge.

¿Qué consecuencias tiene para niños y niñas que vienen de una situación tan vulnerable crecer en centros que son atacados y saberse en el centro del debate?

Pensamos que no, pero ellos ven las noticias y saben que se está hablando de ellos. Y las consecuencias son fatales. Saben que, como sociedad, les vemos como criminales, una molestia indeseable. Y ellos, como haríamos tú y yo, se acaban adaptando a la mirada que tenemos de ellos. Y ya podemos trabajar desde los centros intentando que vivan en un espacio amable y que se parezca lo máximo posible a un hogar, pero si no cambia la mirada social, estos niños –porque son niños– lo tienen crudo.

La concentración de centros con muchas plazas empezó a raíz de la emergencia de 2017, cuando llegaron tantos menores no acompañados. Creció la contratación de masías y casas de colonias hasta el punto que ahora los centros de más de 20 plazas son el 44% del total. ¿Estamos a tiempo de cambiar este modelo?

Pues deberíamos, porque no recuerdo cuándo se decidió que el modelo iba a ser este. Debería haber habido un debate que nunca hubo; de hecho, la única persona a la que hemos oído posicionarse públicamente fue al exconseller Campuzano [ERC], que estaba completamente a favor de la externalización.

Nosotros pensamos que la externalización contribuye claramente a la precarización y a la atomización. Hasta ahora, no podemos hablar de un sistema de protección a la infancia porque lo que tenemos es un conjunto de parches. Y las externalizaciones han sido esos parches que han ayudado a solventar una situación de crisis cuando ha faltado liderazgo político.

Algo determinante en este debate es la diferencia de sueldo: un educador social en un centro público puede llegar a cobrar 700 euros más al mes que uno en un servicio externalizado.

Es una diferencia completamente inaceptable que sólo contribuye a la alta rotación. Y no puede ser que, cuando llegues a un centro, el chaval te diga que eres su quinto tutor en lo que va de año. No se puede decir que no hay dinero para igualar sueldos, pero que a la vez haya entidades que cierran ejercicios con beneficios de millones de euros. Y claro, luego salen las sombras y se generan sospechas sobre posibles casos de corrupción. Eso es lo que pasa cuando no hay transparencia y no se explican bien las cosas.

Otro dato, que viene de una encuesta del Colegio de Educadores Sociales, es que el 30% de profesionales afirma haber sufrido agresiones.

No debemos normalizar que al salir del trabajo nos hayan rallado el coche, o que haya quien se pasa 20 minutos llorando por la tensión. Debemos pensar por qué pasan estas cosas: las situaciones que viven estos chavales les generan tanta presión que, cuando explotan, a veces, cometen agresiones.

No estoy justificándoles, lo que digo es que para que no haya problemas, debemos poner la educación en el centro y debemos tener condiciones laborales que nos permitan pasar horas con esos chicos para detectar a tiempo si les ocurre algo y que no acaben explotando. Insisto: no son delincuentes que se dedican a agredir, no necesitamos un guardia de seguridad. Lo que necesitamos es poder prestarles atención.

Uno de los objetivos de la reestructuración que plantea el Departament es reducir el número de retiradas de custodia y evitar, en lo posible, que los menores acaben en centros de acogida. ¿Cree que se abusa de estas medidas?

Bueno, lo que sabemos es que estamos a favor de revisar procedimientos y estándares de calidad porque con que haya una sola retirada de custodia errónea ya es demasiado. Pero hay que tener en cuenta que, si revisamos esto, nos metemos en un terreno pantanoso porque una retirada de custodia que no tocaba es terrible, pero si no se hace una que sí se debía hacer, el resultado puede ser fatal.

Entonces, si vamos a revisarlo todo es para hacerlo bien, porque para hacerlo a medias y solo aumentar la carga burocrática, nos lo podríamos ahorrar.

¿Qué efectos causa sobre una criatura criarse en un centro de acogida?

Las personas somos animales sociales y la manera como socializamos durante la infancia y la adolescencia nos afecta para toda la vida. Piensa que por muy bien que vaya en los centros, por mucho respeto y amor que te den, jamás serán tu familia. Eso marca y es un indicador clarísimo de que debemos sentarnos a repensar todo el sistema de arriba abajo».

 


Información

 

(Marc Queralt, presidente del Colegio de Educadores Sociales de Catalunya, en Girona Carles Palacio. Imagen elDiario.es)

 

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