El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), con motivo del 1 de mayo, ha publicado el siguiente manifiesto:
Manifiesto 1 de Mayo 2025, del CGCEES
La ley del mercado precariza nuestras profesiones
«El Artículo 15 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea indica sobre la Libertad profesional y derecho a trabajar que toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada.
El artículo 35 de la Constitución Española recoge que todos los españoles y todas las españolas tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Las educadoras y los educadores sociales exigimos al Gobierno de España que se traspongan las directivas europeas relativas a los Servicios en el mercado interior y a la contratación pública, y que se extraigan de la lógica del mercado los proyectos de intervención con la infancia, la adolescencia y las familias, tal y como se recoge en ellas.
Sólo así, en los proyectos presentados en las distintas licitaciones a la prestación de servicios, se valoraría y primaría la calidad y el servicio a la ciudadanía, evitando el abaratamiento de costos en la contratación de las y los profesionales (que merecen sueldos dignos y equiparados a otros profesionales de los sistemas sanitario y educativo) y las categorías adecuadas que se requiere en los proyectos.
Las Entidades Públicas responsables de la atención a la infancia y a la adolescencia deben organizar los servicios garantizando los recursos económicos y humanos necesarios para atender las necesidades de las personas atendidas, y asumir su responsabilidad de tutelar la atención que reciben niños, niñas y adolescentes, y no se produzca desigualdad en la cobertura de derechos según el territorio dónde se presta el servicio y según la naturaleza de la organización que lo presta.
En los concursos públicos, las administraciones públicas suelen primar el criterio económico en la adjudicación de contratos debido a la obligación de gestionar eficientemente los recursos públicos y a la interpretación que hacen de buscar la mejor relación calidad-precio. La atención a la infancia, a la adolescencia y a las familias debe salir de la puja a la baja de las empresas y entidades y atender a otros criterios, como la calidad en la atención, metodologías más adecuadas, entidades con experiencia probada, para adjudicar los servicios. Las directivas europeas permiten que se articulen otras formas no contractuales para proteger a las personas beneficiarias o usuarias, cosa que el Estado español no ha desarrollado.
Solo de esta forma y aumentando la inversión se evitarían sucesos como el acontecido en Badajoz. ¡Ir a trabajar no puede costarnos la vida! La vida de las personas que trabajan en el sector de los cuidados es tan digna como el resto de sectores laborales. Y merece una especial protección por la especial atención que merecen las personas en situación de vulnerabilidad a las que atendemos.
Es necesario el cumplimiento de los diferentes convenios laborales del sector social, la equiparación salarial y condiciones laborales entre dichos convenios, la mejora de la función inspectora de la Entidad Pública y su responsabilidad como organizadora de los servicios así como primar el interés general de los servicios públicos, y los derechos de las personas consumidoras y usuarias».
“Por una sociedad más cuidadora, por una gobernanza más justa e inclusiva, las profesiones feminizadas no deben de ser las menos protegidas”
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