El diario Segre de este domingo, 1 de junio de 2025, publica una entrevista que recoge parte de las demandas del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya para la nueva DGAIA, que recogemos:
Entrevista a Albert Font-Tarrés, vicepresidente de la Junta de Governo del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya: «Para hacer una buena reforma de la DGAIA se necesitan más recursos»
El también presidente de la junta de Lleida analiza los cambios anunciados en el sistema de protección de menores tutelados tras el escándalo por la reiterada violación de una niña de Barcelona y reclama mejoras
La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) pasará a llamarse Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).
Habrá que ver cómo se concretan, pero de momento la música suena bien. Parece que hay una clara intención de realizar estos cambios, aunque las medidas concretadas son pocas y deberían tener más calado.
¿Cuáles deberían concretarse?
La equiparación salarial y de condiciones de trabajo en los centros. Aquí es donde vemos que se deben evaluar los cambios y por ello se han detectado casos como el de la niña de 12 años víctima de una red de pederastia.
¿Es un problema que los servicios estén externalizados?
Es necesario que haya mecanismos de control del gasto y de la actuación que se lleva a cabo en los centros residenciales de menores tutelados y que se destinen más recursos, además de contar con profesionales titulados, porque si no, la calidad de la atención se resiente.
¿Faltan profesionales?
Debido a las precarias condiciones laborales no se garantiza que tengan la formación mínima adecuada. Cada año hay decenas de titulados en educación social pero optan por otros sectores debido a la precariedad. Esto también hace que haya una elevada rotación en los centros.
¿Esto afecta a la atención?
Los menores que viven en centros residenciales se encuentran en una situación de vulnerabilidad por lo que es muy importante contar con profesionales con experiencia para darles estabilidad. Es una situación en la que puede haber cualquier joven, por lo que el sistema de protección debería ser un sistema de apoyo.
¿Cree que habrá cambios al respecto?
Al menos, de momento, ya se ha reconocido que existe una saturación. Esperamos que esta vez sí se mejoren las condiciones laborales y se reconozca el trabajo que hacen estos profesionales.
¿Debería apostarse más por un modelo de protección con familias de acogida?
Es evidente que para un menor lo mejor es poder contar con un entorno familiar, pero también habrá casos en que esto no es lo más idóneo. Hay que velar siempre por su bienestar.
¿Existe saturación a los equipos que valoran la situación de estos menores en Lleida?
Sí, como en el conjunto de Catalunya. Y por fin se ha reconocido. Pero es difícil llevar a cabo un cambio en el modelo con el presupuesto actual.
¿Se prevé un cambio de mirada?
Todavía hay una mirada caritativa hacia estos menores y jóvenes que, por algún motivo, necesitan la tutela de la Generalitat. Pero debería verse como una cobertura universal que en cualquier momento podemos necesitar.
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