El diario Nortes, en su edición del 3 de junio de 2026, publica la siguiente información:
El Colegio de Educación social denuncia el ninguneo de la administración pública a la profesión
Critican que se convoquen plazas en las que no se exija como requisito obligatorio tener el título.
«El Colegio Profesional de la Educación Social del Principado de Asturias (COPESPA) denuncia la existencia de un clima de “acoso continuado” hacia profesionales de la educación social en centros públicos de trabajo de Asturias, al tiempo que ha criticado que las últimas convocatorias públicas de plazas no exijan como requisito obligatorio la titulación universitaria específica de la profesión.
En un comunicado, la entidad colegial ha asegurado que la educación social atraviesa desde hace años una situación de “bloqueo, invisibilización y atropello continuado” hacia los profesionales que ejercen esta disciplina, una labor que, según ha recordado, requiere formación universitaria especializada para intervenir en ámbitos como la inclusión social, la acción comunitaria o la atención a colectivos vulnerables.
COPESPA considera que la convocatoria de plazas públicas sin exigir el título universitario de Educación Social supone un “grave retroceso” para el reconocimiento de la profesión y para la calidad de la intervención socioeducativa.
Según la organización, la falta de este requisito contribuye a desdibujar el marco competencial de la profesión, genera inseguridad jurídica y puede comprometer la adecuada atención a la ciudadanía.
El colegio también ha alertado de una situación que califica de “especialmente grave”: la existencia, durante los dos últimos años, de un clima de hostigamiento hacia profesionales de la educación social. Según afirma, esta problemática fue trasladada hace más de un año a la Consejería de Derechos Sociales del Principado, sin que se hayan producido mejoras.
De acuerdo con la entidad, un grupo minoritario de personas sin la titulación requerida estaría protagonizando comportamientos reiterados de insultos, desprecios y deslegitimación hacia educadores sociales tanto en los centros de trabajo como, recientemente, en espacios públicos.
COPESPA sostiene que estos hechos afectan no solo al bienestar y la dignidad de los profesionales, sino también a la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad.
La organización ha señalado que el futuro proyecto de regulación de las profesiones de la intervención social promovido por el Ministerio de Derechos Sociales podría facilitar la denuncia de quienes ejerzan determinadas profesiones sin la titulación correspondiente.
Asimismo, ha defendido la implantación de la colegiación obligatoria para el ejercicio profesional, una medida que ya existe en otras comunidades autónomas y que, a su juicio, contribuiría a garantizar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la profesión.
El colegio ha indicado también que distintas comunidades autónomas están trasladando denuncias al Defensor del Pueblo por lo que consideran incumplimientos relacionados con los requisitos de acceso a estas plazas públicas.
En este contexto, COPESPA ha atribuido parte de la situación a una presunta falta de actuación de la Dirección General de Función Pública del Principado, a la que asegura haber advertido en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de cumplir la normativa estatal y autonómica vigente.
Pese a ello, la entidad ha trasladado un mensaje de confianza a la sociedad asturiana y ha reiterado su compromiso de defender en todas las instancias competentes que el ejercicio de la educación social quede reservado a profesionales con la correspondiente titulación universitaria, con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios, la seguridad jurídica y los derechos de las personas atendidas».
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