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02/10/2004 · Estado

Conclusiones Grupos de Trabajo


Sociedad y políticas socioeducativas.
Formación.
Elementos para la construcción de una identidad profesional.

Sociedad y políticas socioeducativas.

En las últimas décadas, las complejas y cambiantes realidades sociales nos sitúan ante un mundo sometido a constantes tensiones e incertidumbres, en cuyo interior han ido agrandando su presencia diversas problemáticas y circunstancias que recuerdan el peso de la pobreza, de la exclusión, de la marginalidad, de la violencia, del racismo, de la guerra, del maltrato, de las desigualdades… Aunque también, la búsqueda esperanzada de cambios y transformaciones, de proyectos y realizaciones, de retos y propuestas… desde los que imaginar y construir nuevas posibilidades para un mayor y mejor desarrollo humano de todas las personas, en lo local y lo global, en su identidad y la diversidad.

En este contexto, al que todavía es preciso re-pensar en sus señas de identidad más profundas, los educadores y educadoras sociales nos recocemos y afirmamos en nuestra condición de agentes de los procesos cambio social, legitimados no sólo por nuestra formación y quehacer profesional sino también por las tareas y responsabilidades que asumimos en la construcción de una ciudadanía inclusiva, reivindicativa del protagonismo de las personas, de su libertad e igualdad como sujetos de derechos. Un logro al que deberán contribuir las políticas socio-educativas en su sentido más amplio, integral e integrador.

Asumiendo la naturaleza política de la educación,

– que no existe neutralidad en ejercicio profesional de las prácticas socio-educativas y de las intervenciones que promueven,

– compartiendo la necesidad de valorar las circunstancias ideológicas –implícitas y explícitas- que rodean toda acción social y educativa,

expresamos nuestra firme voluntad de estar presentes en la sociedad, participando activamente en las políticas e iniciativas que se promuevan, en la toma decisiones y las actuaciones que de ellas se deriven en los diferentes ámbitos de los poderes públicos. Porque los educadores creemos que toda acción e intervención en el ámbito del bienestar social es de responsabilidad pública y ha de seguir siéndolo, especialmente cuando se extiende la privatización y la externalización de servicios y de sus prestaciones.


Más que nunca, incorporando la idea de Europa al trabajo cotidiano, conociendo y comprendiendo el importante papel de las políticas sociales europeas para construir desde la Educación Social una Europa social, velando por el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos, asegurando una inversión económica suficiente, priorizando las políticas preventivas, articulando situaciones inclusivas y no discriminatorias, con criterios de rigor metodológico y de calidad, con capacidad para el trabajo en red y la tarea compartida con otros profesionales y agentes sociales. En todo caso:


– Estando atentos a la heterogeneidad y diversidad de los grupos sociales con los que intervenimos, con frecuencia afectados por situaciones estructurales, la inmigración entre ellas. Al respecto, queremos poner énfasis en la necesidad de redefinir las políticas de desarrollo, especialmente en su componente local y comunitaria, incorporando todas aquellas dimensiones que permitan configurarlo como un verdadero proceso de desarrollo y/o transformación social.

– Siendo conscientes de la importancia que tiene dar continuidad a las políticas públicas, con principios, criterios y decisiones que las doten de una financiación adecuada, concibiendo los servicios sociales como un derecho universal regulado por una Ley Estatal de mínimos, que ayude a garantizar la cobertura de necesidades especificas de todas las personas, y de los educadores sociales que les atienden, desde el acompañamiento y la mediación.

– Igualmente, asumiendo que la educación social está inscrita en un juego de equilibrios que se mueven entre el encargo social y la naturaleza de nuestra acción, en la que debemos estar atentos, sobre todo en aquello que afecta a la posible instrumentalización de la información que suministramos a las instituciones sobre nuestra intervención y sobre los sujetos afectados. La necesidad de reflexionar sobre los fenómenos de inclusión y exclusión social, de la democracia y democratización de la sociedad (en particular de los recursos tecnológicos, de los medios de información y comunicación), sigue siendo una cuestión clave e ineludible.

Todo ello, constituyendo retos y desafíos para los que consideramos necesario elevar, entre otras, las siguientes propuestas:

– Recuperar e integrar más profundamente el componente de denuncia social y de defensa de los Derechos Humanos. Tomar conciencia de las discriminaciones sociales como realidades que nos afectan a todos y a todas, subrayando especialmente las que toman como referencia el género y sus implicaciones de carácter educativo, económico, laboral, etc.

– Incrementar las inversiones en Desarrollo y cooperación internacional. Al tiempo que impulsar dinámicas de desarrollo local de base comunitaria, coparticipadas, en las que la figura del educador social es fundamental como mediador y dinamizador de los procesos socioeducativos.

– Conocer y comprender la naturaleza y alcance de las políticas sociales europeas contribuyendo a la construcción de una Europa Social, convirtiéndonos asimismo en agentes activos de los cambios de actitudes inherentes a dicho proceso. Por ello, solicitamos de las Administraciones Públicas el necesario aval y/o tutela de las personas inmigrantes en relación con los derechos básicos: educación, sanidad, vivienda, trabajo, etc.

– La creación, por parte de los colectivos profesionales, de un Observatorio que detecte, analice, denuncie y comunique diferentes aspectos del desarrollo de la Educación Social en todos los territorios, de las iniciativas, servicios, condiciones políticas, circunstancias sociales, profesionales, laborales…

Formación

La formación inicial debería sustentarse en una base generalista de calidad, apoyada en las ciencias de la educación y en otras ciencias sociales, abordándose los métodos y técnicas de intervención que se aplican en la realidad profesional.

Deberían enfatizarse los contenidos relacionados con el saber ser y el saber estar, desarrollando diversas competencias, entre las cuales no debe descuidarse la formación en actitudes y valores fundamentales.

Se hace imprescindible reestructurar el practicum y entenderlo como un proceso global y sistematizado que permita la presencia efectiva de los distintos ámbitos, así como una mayor fluidez en la relación entre el mundo académico y profesional.

La formación inicial debe incorporar metodologías que impliquen dinamismo y participación, en consonancia con las funciones profesionales del educador-a social. Además, debe adecuarse a las características de su tiempo, que hace imprescindible en trabajo interdisciplinar y en red.

La formación continua orientada a la actualización y especialización en los distintos ámbitos de la práctica socioeducativa es un deber del profesional, siendo imprescindible la corresponsabilización de la administración, las organizaciones profesionales y la universidad.

Todo esto debería contemplarse en el marco formativo derivado del proceso de convergencia europea, que debería estar presidido por el deseado principio de calidad y una mayor interacción bidireccional entre el mundo académico y el mundo profesional.

Con el catálogo de títulos elaborados, se ha de exigir de la administración el respeto or los distintos perfiles profesionales, estableciendo la diferenciación existente entre titulaciones afines (licenciaturas, ciclos superiores, formación ocupacional) y la necesaria interdisciplinariedad e interprofesionalidad.

Elementos para la construcción de una identidad profesional

Los educadores/as sociales se presentan como agentes de cambio social, recalcando la idea de acompañamiento-mediación frente a la de sustitución. En esta relación educativa se generan dilemas y/o conflictos éticos, cuya respuesta profesional exige el tránsito de una ética personal a una ética profesional.

La gestión de conflictos de valor conlleva la necesidad de trabajar en equipo dentro de un marco común de valores mínimos de referencia. Por otra parte, se deben construir instrumentos que faciliten la resolución de esos conflictos, como pueden ser las guías de buenas prácticas.

Se constata la necesidad de tener en cuenta los límites y las posibilidades de la profesión: identificar de qué somos responsables y ante quien somos responsables.

Aunque la profesión se ajuste a las particularidades de cada ámbito de intervención, se debe seguir trabajando en la construcción compartida de una identidad común.

Hay que apostar decididamente por una nueva cultura profesional colaborativa que, además de potenciar el equipo de trabajo, construya redes de intercambio con otros profesionales y servicios.

Es tarea de los colegios profesionales concretar las funciones de la profesión para darla a conocer a las administraciones, a los sindicatos, a otros colectivos profesionales y, en general, a la ciudadanía y para poder así participar activamente en el diseño de las políticas socioeducativas.

Los diferentes colegios, coordinados entre si, deberían representar y realizar un seguimiento a nivel estatal de las funciones y competencias de los puestos de trabajo que se ofrecen desde las administraciones públicas y privadas.

Los colegios profesionales deben convertirse en instrumentos de participación y de intercambio profesional (congresos, seminarios, encuentros, etc.), de nexo de unión de las diversas sensibilidades de la educación social y de colaboración con otros colectivos y entidades formativas. Así mismo, deben ser garante de la memoria colectiva elaborada a partir de los trabajos y aportaciones realizadas en congresos y encuentros anteriores, dentro de un proceso dinámico de construcción de la identidad profesional.

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