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Comunicado de condena por el asesinato de una auxiliar del SAD en O Porriño (Galicia)

El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) y el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia (CEESG), han emitido el siguiente comunicado ante el el asesinato de una auxiliar del SAD en O Porriño (Galicia):

«COMUNICADO DE CONDENA POR EL ASESINATO DE UNA AUXILIAR DEL SAD EN O PORRIÑO (GALICIA)

Desde el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) y el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia (CEESG), lamentamos profundamente y condenamos el asesinato de una auxiliar del SAD en O Porriño (Galicia).

Reiteramos, nuestra denuncia ante la desprotección de las trabajadoras y los trabajadores del ámbito social y de los cuidados. No se trata de un hecho aislado, sino de uno más de una cadena de desgracias, producto de la precarización de los servicios de atención comunitaria y las profesiones de lo social, por parte de la Administración pública. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas/os profesionales (mayoritariamente mujeres) y la falta de actuaciones y medidas preventivas, no garantizan las condiciones de seguridad necesarias para el correcto desempeño de su labor.

Estamos asistiendo a una externalización de servicios en lo social, cuyo único criterio es la reducción de costes y este enfoque económico, disminuye la posibilidad de contar con equipos de trabajo estables, cualificados y correctamente coordinados e impide la implementación de medidas de prevención de riesgos laborales. La calidad de la atención en el ámbito social y la seguridad de las profesionales, deben ser la columna vertebral de la gestión de los servicios, evitando la precarización y el riesgo de quien presta los servicios como de quien los recibe.

Los domicilios particulares, donde se prestan cuidados profesionales, son espacios especialmente vulnerables y suponen, en muchas ocasiones, un riesgo que debe ser abordado de manera imperiosa por las Administraciones públicas y las entidades responsables.

Exigimos:

• Garantizar medidas de prevención y protocolos de seguridad para la protección de las trabajadoras.
• Valoración de los entornos profesionales del ámbito social y sus derechos.
• Reforzar los equipos, contar con los recursos humanos y materiales necesarios y establecer condiciones laborales dignas.
• Incorporación de estrategias socioeducativas de acompañamiento.

En definitiva, líneas políticas proactivas que aseguren entornos seguros y mejoren la atención de las personas en situación de dependencia».

Acceso al comunicado en formato pdf

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