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miércoles, 29 de marzo de 2017
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A propósito de la Ley de Sociedades Profesionales (LSP)
28/jun/2013

Alberto Fernández de Sanmamed, Predidente del CGCEES

Los primeros borradores de la futura Ley de Sociedades Profesionales que nos están llegando se basan en propuestas que establecen y delimitan jerarquías profesionales, de tal modo que habrá profesiones reguladas (de primera) y otras que no (de segunda o incluso de tercera).

En las reguladas se exigirán colegiaciones obligatorias así como reserva de actividad para su práctica. En esta categoría se encuentran, entre otras, las profesiones sanitarias, derecho, etc. La explicación que parece que se da para esa discriminación positiva es la importancia de sus intervenciones y la población a la que atienden. Consideramos que si ese es el motivo principal, la Educación Social debe estar en ese grupo.

Asamblea Colegios Educadores SocialesPero, por lo que sabemos, aun sólo con datos oficiosos, ese reconocimiento no se va a dar profesiones como la de Educadora o Educador Social, ya que se entiende que no es preciso un especial control, protección y cuidado en nuestras intervenciones. Personalmente, considero que simplemente se está dando respuesta a una manifiesta liberalización del mercado que facilite contrataciones baratas y que evite las calificaciones y titulaciones superiores, que llevan consigo un mayor coste, tanto a empresas privadas como a la Administración Pública. Se olvidan claramente de la calidad competencial necesaria para el ejercicio de la nuestra cometido.

Los Colegios de Educadoras y Educadores sociales llevan años luchando por la regulación profesional, por demostrar que sólo con las competencias adecuadas y con una formación específica y continua, se puede desarrollar una buena praxis. Nuestra titulación universitaria es un primer paso en esa necesaria regulación. Este objetivo de los Colegios, y por tanto del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores, no se basa exclusivamente en la defensa de la profesión o en el respaldo a contrataciones corporativas, más bien porque creemos firmemente que somos necesarios y que las personas y colectivos con las que trabajamos merecen lo mejor. Lo mejor que tiene que venir condicionado por una respuesta adecuada a las necesidades de las personas y que propicie el crecimiento de una sociedad activa, libre y solidaria.

Trabajar en el ámbito social, principalmente cuando lo hacemos con colectivos significativamente vulnerables, debe requerir a un particular cuidado. Los que están tantas veces en la sombra, los que no se ven ni se oyen, no son ciudadanos de segunda, precisan de los mejores profesionales que puedan facilitarles el camino para salir de las situaciones de exclusión a las que están sometidos. No hay sociedad avanzada que se precie que no entienda que eso supone un bien general, un bien a toda la colectividad.

Está claro que la titulación universitaria especifica, la formación continua, la adopción de un Código Deontológico, y la acción regulada de los Colegios Profesionales encargados de su supervisión y su obligado cumplimiento, avalan y aseguran la excelencia en la praxis. La no colegiación obligatoria impedirá a los Colegios Profesionales cumplir con una de sus obligaciones más importantes: Velar de manera efectiva por la calidad de los Servicios. No tendrán la potestad para hacerlo.

Sorprende también pensar que muchas de nosotras y nosotros trabajamos en el ámbito sanitario y en el educativo en los que curiosamente, sí parece que se les va a exigir colegiación y/o reserva de actividad. ¿Son acaso responsabilidades diferentes aunque se trabaje con las mismas personas, en los mismos espacios y en parejas situaciones? Sinceramente es difícil encontrar una explicación.

Otro de los argumentos a los que se hace referencia en los distintos borradores es la cuestión económica y de fomento de empleo. Se da por cierto que estas medidas van a ser altamente positivas en esos campos pero no hay ninguna justificación que acredite esta afirmación. Tampoco se aportan estudios fiables. Es de mención, que la actividad económica generada en los Colegios, gracias exclusivamente a las cuotas (lo más ajustadas posibles), permite la vida colegial, la realización de actividades, la contratación de personal, con el único fin de trabajar por la calidad de la profesión de la que formamos parte. De toda este aspecto parece olvidarse el legislador.

Amagrama del CGCEESCreemos, tanto los Colegios Profesionales como el Consejo General, que es preciso seguir reivindicando la calidad de las intervenciones en los distintos ámbitos de la Educación Social. Somos conscientes de la realidad y de las políticas dominantes, un cimiento más para nosotros de lucha, con fuerza y convicción por el que queremos para nuestra sociedad y por la defensa del que podemos perder.

Estamos informando a las Universidades, a los Partidos Políticos, buscando sinergias con otros Colegios Profesionales, especialmente con los del ámbito social, y con el resto de entidades de la Unión Profesional tanto a nivel autonómico como estatal. También estamos haciendo un trabajo metódico singularizando la importancia de la profesión, estableciendo una hoja de ruta propia. Estas son nuestras primeras huellas, pero no las únicas ni las últimas, porque tenemos una gran responsabilidad como garantes de Derechos de Ciudadanía, porque somos avales de la calidad de los servicios y porque somos promotores de formaciones que puedan generan la mejor de las sociedades.

La colegiación no es ni tiene que ver como una restricción a la competencia. Está plenamente justificada por los beneficios que supone para el interés general y para la seguridad personal y jurídica de la ciudadanía. Preserva a los colectivos con los que trabajamos, velando por los suyo derechos e intereses en pro de la igualdad y la justicia social.

Alberto Fernández SanmamedLa mejor lucha contra la injusticia y la desigualdad es la que llevamos a cabo día a día las/los Educadoras y Educadores Sociales en el ejercicio de nuestro quehacer profesional cotidiana, pero también tenemos que mostrar nuestra fuerza y unidad defendiendo los derechos de una profesión imprescindible y necesaria.

Derecho de ciudadanía, especifica nuestra definición (ASEDES-CGCEES, 2008), esa debe ser nuestra lucha. Desde los Colegios y el Consejo así os lo proponemos y pedimos.

Decía José Luís Sampedro, "Estáis amargados y cabreados, pero ... ESTÁIS presentes." Hagámoslo así, estar presente, y cada día más.

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