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La educación social en centros y pisos de acogida de inmigrantes y solicitantes de protección internacional

Autoría:

Mª Rosario Oyarbide Diedrich, Educadora social del programa de Inmigrantes y de Solicitantes de Protección Internacional del Centro de Extranjeros de C.R.E. en Torrelavega (Cantabria)

Resumen

Las personas de nueva llegada a España se encuentran con numerosas dificultades a la hora de asentarse en nuestra comunidad. Las diferencias y semejanzas socioculturales, las habilidades sociales, el aprendizaje del idioma, las trabas sociales con las que se tienen que enfrentar a diario, el desajuste de su realidad, hacen importante nuestra labor como educadores/as sociales a nivel comunitario. En este artículo se expondrá cuál es el periplo de un recién llegado a todos los niveles: social, legal, laboral, sanitario, … y cómo las/os profesionales de la educación social pueden abordar estos retos desde pisos o centro de acogida integral para inmigrantes y solicitantes de protección internacional, aportando ideas para facilitar su integración, respetando su individualidad e igualdad social.

 

“El extranjero no es una persona sino una “forma social”, esto es, se trata de un vínculo específico de relación, una forma particular de ser con otros. Por tanto, las personas no son extranjeras en sí mismas sino para alguien o algunos que así las definen” (Sabido, 2012: 11)

Dentro de las calificadas “personas de nueva llegada” nos encontramos con turistas, inmigrantes, solicitantes de protección internacional (PI), apátridas, MENAS, estudiantes con visado temporal, trabajadores temporales.

Cualquier persona no perteneciente a la UE que entre en territorio español como turista (con pasaporte, y alguna vez con visado) tiene 3 meses para circular libremente por nuestro país. En el momento en el que termina ese visado, o si has pasado la frontera sin documentación, te convierten en un inmigrante indocumentado. Dependiendo de la comunidad autónoma en donde estés, puede ser una lotería o no: Carecer de asistencia sanitaria, de empadronamiento, de escolarización para tus hijos, de seguir con tus estudios o formación ocupacional, de acceder a recursos sociales para subsistir o por necesidad puntual, … Lo único que unifica a todo el territorio español es si careces de permiso de residencia, si estás indocumentado, corres el riesgo de ser detenido e ingresado en un CIE (centro de internamiento de extranjeros) a la espera de ser deportado a tu país. Es lo que queda recogido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Fotografía de la autora

Los solicitantes de protección internacional en primera instancia constan como inmigrantes. Una vez llegan a España (el porcentaje más alto es por vía aérea), se da la posibilidad de tramitar su solicitud de protección internacional en las dependencias de policía fronteriza aeroportuaria. Si se estima positivo su caso de “estar en riesgo su vida y ser el motivo por el que huye” se les concede el un primer documento, la tarjeta blanca, válido por unos dos meses aproximadamente, con la que quedan registrados con datos, huella y foto. Por otras vías como Ceuta o Melilla, a través de los CETI (centro de estancia temporal de inmigrantes), tal vez tengas la suerte de que se agilice tu solicitud, pero debido a la masificación triplicando el número de plazas disponibles, eso es prácticamente imposible. A partir de ahí toca esperar a que valoren si siguen estudiando tu caso, te den la siguiente tarjeta ahora roja y la vayas renovando cada seis meses, hasta que o bien te deniegan el proceso y vuelves a ser un indocumentado, o bien te conceden un permiso de residencia por circunstancias excepcionales, o un estatuto de refugiado (qué pena que esta palabra se oye tanto, y en cambio se concede tan poco). Toda la reglamentación sobre asilo y PI se recoge en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

¿Qué ocurre con aquellos que no corren la misma suerte? ¿Con los que no pueden tener un pasaporte o que piden cita para poder tramitar su solicitud estando indocumentados?

Estas personas tienen que, bien por sus propios medios, bien por recursos de primera acogida escasos e insuficientes, esperar hasta la preciada tarjeta blanca, la que les da el primer paso a continuar con su petición de Protección Internacional. En el caso de los apátridas, su futura tarjeta será verde, y la tendrán hasta que se les conceda un permiso de residencia y trabajo, pero el permiso de trabajo no se les concederá hasta que no esté resuelta su solicitud. ¿De cuánto tiempo hablamos? Años. En el caso de los PI ese permiso de trabajo se les concede con la renovación de la tarjeta roja a los seis meses, y así sucesivamente.

¿Qué supone esto?

No poder trabajar, estar formándose o reciclándose ocupacionalmente para poder acceder a ese mundo laboral que comentan tal complicado. De nada sirve que hayas estado años cursando una carrera o una profesión certificada, pues las convalidaciones educativas tardan varios años y no siempre se resuelven positivas. Pero mientras, mantenerte, y si no has venido solo, también a los tuyos, supone hacer muchos sacrificios.

¿Cuáles son las dificultades con las que nos encontramos los/as educadores/as sociales en nuestra labor día a día, en pisos o centros de acogida?

Todo este proceso de integración genera muchos problemas a la hora de conseguir un espacio en la sociedad española. Debido a nuestra formación poseemos estrategias y herramientas que otros profesionales no ajustarían al desempeño de nuestra labor. Por ejemplo, la autonomía en el aprendizaje, el liderazgo, la iniciativa y espíritu emprendedor, la creatividad, la adaptación a situaciones nuevas, …son habilidades sistémicas necesarias para llevar a cabo las intervenciones diarias frente a los problemas a los que se enfrenta un/a educador/a social en el trabajo con personas de nueva llegada y concretamente en Cantabria.

Fotografía de la autora
  • Comencemos con los problemas sanitarios. Personas sanas son las que llegan, los que son más fuertes y resistentes, a diferencia de lo que se suele comentar, que llegan enfermos, copan y desestabilizan el sistema sanitario español. Las consecuencias del maremágnum que conlleva dejar todo y aventurarte al riesgo de una nueva vida, termina psicomatizando enfermedades que antes no se padecían y agravando otras que no se han podido tratar en el país de origen por falta de acceso a los recursos sanitarios, siendo de pago habitualmente. Cantabria defiende el acceso a la salud pública para todos, no únicamente para las embarazadas o para los menores. La Comunidad de Cantabria facilitará una tarjeta sanitaria válida para acceder a todos los servicios sanitarios públicos de España (Sistema Nacional de Salud) a los ciudadanos residentes en la Comunidad de Cantabria, es decir, empadronados en cualquiera de sus municipios, que ostenten la condición de asegurados o beneficiarios, según lo establecido en la recientemente modificada Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Una vez dentro del sistema sanitario cántabro, pueden acceder a atención primaria o a los especialistas que se considere derivarlos a través del médico de cabecera. A la hora de poder comprar esa medicación pautada, existen diversos recursos sociales para obtenerla cuando sea necesaria, siendo administradas por la farmacia del hospital como el caso de los retrovirales, sin coste alguno para el/la paciente.

Como profesionales, nuestra labor aborda diferentes tareas. La adhesión al tratamiento pautado, las revisiones y calendario vacunacional de los menores, información sobre la planificación familiar y los métodos anticonceptivos, el respeto de los horarios y cómo funciona el sistema sanitario (y que en cada comunidad autónoma es diferente), en resumen, todo lo que engloba la salud comunitaria.

  • Unido a lo sanitario, otra problemática importante a solucionar es la que en ocasiones nos encontramos con personas que, por enfermedad, tortura, consecuencias de guerra o agresiones, sufren diversidad funcional física, sensorial, psiquiátrica, tienen dificultades para solicitar el certificado de discapacidad, ya que las pruebas, entrevistas, etc. En ocasiones se ven perjudicadas por barreras lingüísticas, como desconocer el castellano y no ser capaz de aprenderlo o la falta de materiales adaptados convenientemente para el estudio, barreras socioculturales, miedo a ser catalogado y perjudicar su acceso al mercado laboral. La salud mental, como para el resto de ciudadanos, es un hándicap institucional que en algún momento tendrá su momento de atención necesaria, insuficiente en recursos y en acceso a los mismos.

Nuestro trabajo, similar al del área sanitaria, es fundamental favoreciendo el acceso y seguimiento a los recursos sanitarios, la adherencia a los tratamientos, la no comorbilidad cuando existen casos que deben ser tratados desde otros recursos y con un equipo disciplinario bien coordinado y en la misma línea.

  • Otro desafío en la integración de los refugiados está dentro del ámbito educativo: el reconocimiento de los títulos académicos y de las competencias adquiridas en el extranjero. Aquellos adultos que quieren convalidar sus estudios ven dificultado este trámite con documentos en muchas ocasiones imposibles de obtener, ya por no disponer de dinero para los costosos certificados y su traducción, por ya no existir las administraciones en su país (guerras, disolución del país por independencia de otros territorios…), el inconveniente de ponerse en contacto con recursos gubernamentales del país de donde se huye, el miedo de no conseguir convalidad u homologar toda una vida. En Cantabria, el organismo que se encarga de informar de todos estos trámites es el departamento de homologación de la Consejería de Educación, pudiendo ampliar más información a nivel nacional en el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria.
  • Sumado a la falta de unas vías claras para la homologación/convalidación de títulos para los adultos, en algunas partes del territorio español se niega el acceso de los menores a los recursos educativos, estén o no empadronados. Aquellos recursos dentro de los centros educativos como son las aulas de compensatoria, se ven apoyadas por las ADI (Aulas de Dinamización Intercultural), que son el nexo entre la consejería de educación cántabra, centros de educación infantil, primaria y secundaria y los ciudadanos llegados del extranjero. Existen las aulas de L1 para reforzar el aprendizaje del idioma castellano en la fase de acogida, así como de mantenimiento, si se precisa en meses posteriores. El recurso de atención temprana es accesible para aquellos menores que sean derivados por su pediatra, y se coordinan con el equipo educativo del centro escolar en donde estudie el menor. Otro cantar es poder tramitar becas de comedor o material, dependiendo del ayuntamiento, consejería o comunidad autónoma, donde se solicite, ya que nos encontramos con los sistemas informáticos que no reconocen a un ciudadano sin documento. El recurso existente para los adultos es la escuela de adultos; normalmente hay una por ciudad, y se ofertan la formación básica inicial (a donde pueden acudir las personas que no estén alfabetizadas o sean neolectoras), secundaria, bachiller, y otros estudios complementarios como idiomas, informática, etc. Este recurso suele ser provechoso sobre todo para los adolescentes y jóvenes; sienten que no son “ni de allí ni de aquí”, están despojados de su identidad, y en esas edades es crucial para mantener un equilibrio intrapersonal: el cambio de estilo de vida, desaparición de sus redes personales y dificultad para crear otras, progenitores trabajando y sin control parental por lo que no existen referentes paternos ni familiares, aumento y mayor riesgo de adicciones, en algunos casos desconocimiento del idioma, etc. Los lazos entre iguales se fortalecen con asociaciones culturales, clubs deportivos, actividades de ocio y tiempo libre, voluntariado social, etc. La intervención con las segundas generaciones de extranjeros asentados en España demuestra que se deben tomar medidas contra el aislamiento xenófobo, rechazo, racismo, directo o indirecto hacia aquellos menores que llegan a nuestras ciudades. Intervendremos de forma primaria y secundaria principalmente, y en conexión con otras organizaciones y/o administraciones para atajar la terciaria en aquellos casos que lo requiera.
  • Podemos también favorecer la integración de los recién llegados impartiendo talleres en los que se aborden diferentes centros de interés como la vivienda (acceso, higiene doméstica, interpretar un contrato y formularios para pedir ayudas, la ley horizontal de convivencia), el mercado laboral (contratos), la salud (alimentación saludable, prevención de drogodependencias, planificación familiar, primeros auxilios), las habilidades sociales y competencias necesarias para la vida cotidiana, desenvolverse en su entorno, conocer los recursos sociales existentes y cuáles son sus derechos y deberes como ciudadanos. No hay que olvidarse de que todas estas áreas deben ser enmarcadas en la equidad de género, orientando en la defensa e igualdad del hombre y la mujer en el uso y control de los bienes y servicios de una sociedad, tal y como sabemos por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

 

  • La mayor dificultad que encuentran los extranjeros a la hora de poder pedir atención social es que los sistemas informáticos no están adaptados para poder registrar esa intervención; si carecen de pasaporte o alguna otra documentación, esa persona no existe y se dificultad gravemente el acceso a los recursos sociales. A la hora de acceder a estudios reglados, puede matricular en la escuela de adultos, pero no podría obtener certificado o diploma al no quedar registrado su documento. Esto puede ocurrirles a los solicitantes de protección internacional que hayan quedado fuera del “sistema” al ser inadmitido su caso; todo lo que han conseguido como un contrato de trabajo, estas asistiendo a un curso ocupacional, estar en dados de alta en la seguridad social y asistencia médica, el contrato de alquiler, etc, se ve interrumpido y quedan en ese limbo. La única “esperanza” para ambos colectivos es esperar a solicitar el arraigo social con el que pueden regularizar su situación de nuevo, presentando pruebas de su estancia sin interrupción en España durante 3 años consecutivos.

La coordinación con otros profesionales es muy importante. El tándem educación social-trabajo social es lineal. El área psicológica y la jurídica en las que deben ser atendidos los solicitantes de PI, apátrida o inmigrante deben coordinarse con los/as educadores/as sociales para conocer qué pautas aplicar en cada caso, y en qué estado está su situación legal, para llevar a cabo las medidas y adaptaciones que sean las oportunas, previamente ofertadas y explicadas al implicado/a. Nosotras/os proponemos, promocionamos, no caigamos en el error de convertirnos en asistentes.
Añadido a esto, ¿qué otras medidas deberían tomarse para facilitar la integración de los ciudadanos de nueva llegada?

  1. El intrusismo laboral en nuestro campo es más que evidente. Primero, en muchos casos se mantiene la figura del educador/a, y en muchas ocasiones se ha estado cubriendo con profesionales de otras áreas, aunque actualmente se está solicitando la figura de educador/a social o habilitados/as para las nuevas incorporaciones. Una especialización formativa es más que necesaria pues las áreas que se trabajan son múltiples: salud comunitaria y mental, laboral, diversidad e interculturalidad, legal, tiempo libre y gestión cultural, diversidad funcional, educación y orientación familiar, mediación, y un largo etcétera. Las herramientas interpersonales que se ponen en juego nos llevan desde la capacidad crítica y la autocrítica, el compromiso ético, siendo de vital importancia el reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad. El trabajo en grupo e interdisciplinar tiene su base en la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas en distintos contextos, de ahí que el profesional apto para esta labor en centros y pisos de acogida sea el/la educador/a social.
  2. La sensibilización e información a colectivos como funcionarios de las oficinas de empleo, de los centros educativos, de la seguridad social, de los servicios sociales, de las oficinas de empadronamiento, y así un largo etc., sobre la casuística de los extranjeros que residen en España, es un trabajo importante por nuestra parte, puesto que en muchos casos nos encontramos con situaciones desagradables a la hora de orientar y apoyar en los trámites necesarios del día a día. Comentarios fuera de tono, por desconocimiento de lo que hay que hacer, por no haber visto nunca antes una tarjeta de solicitante de asilo, por presuponer que todo el mundo tiene que tener un pasaporte o un DNI (en este caso NIE), calificando de ciudadanos de segunda o sin derechos, incultos analfabetos y sin estudios, que roban o delinquen, etc. Nuestra labor en muchos casos no es únicamente con los recién llegados o los que permanecen ya meses o años, si no con los trabajadores de las administraciones públicas y las empresas privadas, con los vecinos, amigos, familiares, que necesitan ser sensibilizados para entender cuál es la realidad. Incluyamos a aquellos medios de comunicación alarmistas, sensacionalistas, que hacen tanto ruido, pero ayudan tan poco, con noticias y titulares que más que ser objetivos se dejan dirigir por ideas contrarias a la labor social. No queda demás incluirnos, el autorreciclaje continuo, usar la objetividad desde los ojos del otro, conocer y no presuponer, puesto que, si no, incumplimos nuestra labor convirtiéndonos en juezas y jueces, y no respetamos la equidad.

Por ello, debemos tener en cuenta y saber usar las técnicas aprendidas a lo largo de nuestros estudios, puesto que nos serán muy útiles y necesarias las habilidades como son las instrumentales: resolución de conflictos y toma de decisiones, correcto uso para la gestión de la información, organización y planificación junto con una gran capacidad de análisis y síntesis. No olvidemos que debido al ámbito y grupo poblacional con el que vamos a trabajar es prioritario adaptar la comunicación verbal y no verbal a la persona que tenemos enfrente, no dando por sentado que porque sea hispanohablante tenemos todo arreglado, que porque sea mujer u hombre no haya que revisar las habilidades para la higiene doméstica y/o cuidados materno infantiles, y tener presente las legislaciones y normas sociales de cada país, que subyacen dentro de una cultura.

Bibliografía

Art. 13.4 de la Constitución Española

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de Ginebra), 28 de Julio de 1951

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud

Orden PRE/1283/2007, de 10 de mayo, por la que se establecen los términos y requisitos para la expedición de la carta de invitación de particulares a favor de extranjeros que pretendan acceder al territorio nacional por motivos de carácter turístico o privado.

Orden PRE/1282/2007, de 10 de mayo, sobre medios económicos cuya disposición habrán de acreditar los extranjeros para poder efectuar su entrada en España. (BOE 113, de 11 de mayo de 2007).

Principio de respeto de los Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Real Decreto 104/1988, de 29 de enero , sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria.

Sabido Ramos, O. (2012). Introducción en El extranjero. Sociología del extraño, de G.Simmel. Madrid. Ediciones Sequitur.

Datos de contacto

Mª Rosario Oyarbide Diedrich: charioyarbide@hotmail.com

Fecha de recepción del artículo: 20/06/2018
Fecha de aceptación del artículo: 25/07/2018