Las condiciones estructurales en el juvenicidio moral. Retos del trabajo social de la educación

Número 26. EL TEMA: ES Y TS. 27/2/2018
Autor: Emilia Cristina González Machado. Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de Baja California. México.

PALABRAS CLAVE
Educación Social Jóvenes Trabajo Social Condiciones estructurales


 

Resumen

En este trabajo[1], la autora[2] presenta el análisis de las condiciones en que viven las juventudes en América Latina (en lo subsecuente AL) y en México, la categoría se refiere a la satisfacción de aspectos básicos como el acceso a la vivienda, empleo, seguridad social, alimento y transporte. Desde la reflexión teórica y a la luz de los datos de informes internacionales y nacionales se concluye sobre la relación entre la pobreza material y simbólica -resultado de las condiciones estructurales- y, el juvenicidio moral. Se esboza la necesidad del trabajo social para educarnos en la capacidad para revertir los efectos de la carencia de política pública en materia de derechos sociales de los jóvenes.


 

Introducción

En el presente artículo se analizan las condiciones estructurales que caracterizan la vida de jóvenes. Se presentan algunas nociones históricas que permitan comprender la permanencia del concepto en la actualidad, además se referenciarán algunas reflexiones de varios autores que ayuden a comprender desde diferentes perspectivas la dinámica que generan. El elemento que articula el documento es el concepto de juvenicidio con sus distintas nociones.

Puello (2013), en su elaboración de tesis sobre el neoliberalismo histórico y desde un análisis retrospectivo del mismo, permite establecer algunas precisiones entorno a su posible periodización en perspectiva histórica; señala que el neoliberalismo no solo es la última fase del capitalismo histórico, sino que, desde las últimas décadas del primer siglo ha mostrado una fase globalizadora caracterizada por la conquista y expansión de mercados; reconociendo actualmente esta fase, aunque desde una vieja proposición, como el nuevo imperialismo. En esta etapa se verifica la más pronunciada exacerbación de las lógicas y contradicciones inherentes a la reproducción y acumulación incesante del capital. Desde el nacimiento del neoliberalismo, el 1948, se difundieron con posterioridad las doctrinas y pensamientos neoliberales, configurando así las relaciones sociales.

En el mismo sentido, Fromm (1955), en su libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Hacia una sociedad sana, resume cómo se ha configurado y estructurado el capitalismo con respecto a la condición humana, primero señala que, el capitalismo en los siglos XVII y XVIII, surgió a partir de la libertad del mismo hombre, basado en la venta de su mano de obra en el mercado laboral, con la confianza de que ambas partes obtuvieran beneficio del trato; luego, en el siglo XIX, la empresa dominó el capital creando una relación de poder sobre el hombre, lo que repercutió en transformaciones de corte estructural, este sistema de producción se basó por completo en la libre competencia a favor de los dueños de los medios de producción, es decir de la empresa, lo que causó efectos despersonalizadores a partir de la ley del beneficio. De acuerdo con esto, Bauman (2000), plantea una metáfora para entender el funcionalismo del capitalismo en la sociedad moderna; compara a la sociedad y los diferentes elementos que la componen con el líquido y el sólido, comprendiéndola como una figura cambiante y transitoria, caracterizada por la flexibilización o la liberación de mercados, así como, con relaciones sociales, volátiles y precarias. Esta representación, también ayuda a concebir cuales son aquellos atributos de la sociedad capitalista que aún permanecen y aquellas características que han sido transformadas. Estos cambios que ha sufrido la sociedad provocaron transformaciones estructurales en el empleo, el sentido de las carreras profesionales, las relaciones familiares y sentimentales, así como el funcionamiento de las instituciones y el Estado de bienestar.

Según Valenzuela (2015), la vida del joven se inscribe en un marco determinado por el juvenicidio, concepto que implica un proceso en la creación de condiciones determinadas para miles de jóvenes en México -de algunos grupos y sectores- y a otros cientos de miles en AL, caracterizadas por elementos como: (a) precarización, (b) pobreza, (c) desigualdad, (d) estigmatización y (e) estereotipamiento. Así las adulteraciones del estado y de las instituciones de administración de justicia producen y reproducen corrupción e impunidad como forma cotidiana de funcionamiento, con lo que se amplían las condiciones de precariedad, vulnerabilidad e indefensión de los grupos subalterizados a partir de ordenamientos clasistas, racistas, sexistas, homofóbicos y un orden prohibicionista (p.2-3).
 


Asimismo, el autor menciona que, el sistema capitalista ha generado condiciones de polarización donde únicamente la minoría son beneficiarios en contraste con las mayorías que resultan empobrecidas y precarizadas; este modelo de globalización ha dado frutos en la producción de exclusión de sectores vulnerables, quienes viven en condiciones de postración social, consideran que sus vidas valen menos de quienes se privilegian (Valenzuela, 2015).

Por su parte, Gutiérrez (2007), propone una herramienta teórico-metodológica para realizar un análisis que permita explicar la correlación entre las estructuras (materiales), y las percepciones sobre las mismas de los sujetos, es decir, desde todas las dimensiones posibles, especialmente en el contexto de la reproducción social. Para esto, se debe comprender la pobreza y las condiciones que la generan, para identificar de manera descriptiva situaciones objetivas.


Historizar el concepto

El juvenicidio como concepto que emerge de la observación del fenómeno de los feminicidios acaecido en Ciudad Juárez, México, en donde desde el año 2010 con la llamada guerra contra el narcotráfico desatada por Felipe Calderón se visibiliza en términos cuantitativos la muerte y desaparición sistemática de mujeres por el hecho de ser mujeres, lo que a partir de las noticias se diseminó con el término de las “muertas y desaparecidas de Juárez”, que ya desde 1993 se contaba con altos registros de casos de homicidios en general y se colocaba el acento en las mujeres, por la diversidad en las manifestaciones violentas con esta población, que desembocaron en desaparición y aniquilación (Amnistía Internacional, 2003).

El concepto refiere no solo el hecho de arrancarle de manera física la vida a jóvenes (Valenzuela Arce, 2015) sino al proceso de creación y ejecución de dispositivos que conlleven precarización sistemática, es decir, generar de manera repetida y organizada situaciones económicas, sociales y culturales que atenten contra la población joven (Valenzuela Arce, 2016). Ambos fenómenos –feminicidio y juvenicidio- como síntomas de las condiciones estructurales de precarización y vulnerabilidad de la población en AL en general, consecuencias del paradigma económico mundial. Factor que ha conllevado la concentración de la riqueza de las minorías y la pauperización de la mayoría con resultados asociados a la migración, el rezago social; lo que implica violencia estructural como la pobreza, marginación y discriminación, que aumenta probabilidades de vulnerabilidad de la población. Es decir, poca o nula capacidad de instrumentos materiales y simbólicos de movilidad social y, pocas o nulas oportunidades de acceso al bienestar social (Filguiera y Peri, 2004).
 


Lo anterior ha provocado un hartazgo y malestar ciudadano, en cuanto la desarticulación del Estado, concebido aun, en el imaginario colectivo como el proveedor y vigilante del bienestar social. Hay una clara demanda de su papel insuficiente para promover y respetar la dignidad humana, que se hace visible al observar la poca y pobre política social para lograr el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas de toda persona. Estos argumentos explicarían el alza de personas en pobreza, desaparecidas, asesinadas, encarceladas, violentadas. En palabras de Boltvinik (2005) las necesidades y capacidades humanas conforman aspectos para el florecimiento humano y ubica claramente la pobreza económica como el primer obstáculo para llegar a florecer en amor, libertad, creatividad y conciencia, en cuanto al segundo obstáculo, hace referencia al concepto de alienación de Marx. Por el contrario en México se presentan diversos señalamientos, atentados y limitaciones desde representaciones mediáticas y simbólicas hacia la vida digna de jóvenes, con raíces en las dimensiones, social, política y laboral, lo que conduce a la asociación de vidas en incertidumbre, precariedad, limitaciones de seguridad social, alta probabilidad de miseria, aspectos que corresponden al concepto de juvenicidio ampliado (Mbembe, 2011), son causas sociales para interpretarlo, más allá de la muerte física, la desaparición forzada, la diversidad de violencia azotada contra este grupo. La noción de juvenicidio gota a gota, refleja la realidad de la condena a una vida de inseguridad (Muñoz, 2015).

Por otro lado, la instauración paradójica de entornos de precarización a manos de un Estado penal refleja su mano dura contra los pobres, criminaliza la pobreza. Con mirada superficial crea programas sociales para normalizar y extender las condiciones marginales de la gran población. Es decir, el mismo Estado, crea estos escenarios, los hace perdurables para crear miedo y dependencia.

Particularmente se observa a jóvenes en contextos con carencias de los derechos sociales, una forma de limitarles, excluirles y después utilizarles como desechables, son procesos sistemáticos en países de Latinoamérica; por ejemplo la desciudadanización, representa la carencia de ciudadanía, la cual se articula con el entendido de nacer en un territorio, en una nación. Desde la historia, los flujos migratorios tienen relación con la búsqueda de oportunidades para un bien vivir -en el plano básico que refiere al cuerpo y en plano social a lo político- lo que permite entender el concepto de “biopoder” (Foucault) como mecanismo de control y creación de cuerpos dóciles. Nuestros jóvenes como “homo sacer” viven el juicio político y social, la sociedad lo permite, les arrebata la ciudad, los espacios, los derechos. Desde la legislación de la nuda vida, prolongando y acumulando sujetos que se encuentran entre la vida y la muerte en donde su vida puede ser extinguida y no habrá algún homicida. La criminalización de jóvenes migrantes, el trinomio joven-delincuente-migrante como resultado de un proceso de construcción de la vida como objeto de política (Agamben, 2004), se identifica el Estado de Excepción como el dispositivo que suspende los derechos del ciudadano, permitiendo la aniquilación del sujeto viviente a manos del derecho, el concepto describe el proceso de eliminación de vida del humano en manos del Estado, donde crea instrumentos que suspenden los derechos del ser viviente y su existencia política.
 


Lo anterior explica la lógica de terror de los Estados a partir de la descripción de las condiciones sociales y políticas, en el mismo sentido, la creación de dispositivos para generar y perpetuar las desigualdades sociales a manos de este, es la lógica reciclada por siglos para ejercer sometimiento a las poblaciones. Estos mecanismos (en la actualidad) acentúan la pobreza y la insatisfacción de las necesidades básicas (léase derechos sociales y políticos), con la promoción del desempleo estructural y la inseguridad social. De acuerdo con Adorno y Horkheimer (en Feffermann, 2015) es importante para los Estados dominar en todas las esferas de la vida a través de la lógica del mercado y mercantilización; es decir, ejercer dominación cultural y económica, lo que conlleva a generar el estigma de jóvenes como sujetos sospechosos, ya sea por la edad, el color, clase social, geografía, vestimenta, etcétera, con lo que se justificaría su sometimiento.

Las estrategias del Estado para la producción de la lógica de terror tienen un soporte ideológico y político neoliberal, de acuerdo con Marisa Fefferman, ha existido en Brasil, una política estructural del desempleo y, la negación de derechos sociales y políticos; lo que funciona como mecanismo de control y orden, a través del miedo y la inseguridad. A partir de la creación del Estado punitivo, para controlar a la población en deterioro del Estado de Derecho, es decir, negando a la mayoría al acceso a la seguridad social y las políticas de derechos sociales. Lo que conlleva a la preproducción de la miseria y las desigualdades sociales. Por su parte Wacquant atribuye al Estado Penal esta lógica de terror, con el encarcelamiento en masa, el exterminio de poblaciones, la segregación espacial, la estigmatización y el perjuicio de aquellos que no aportan a la acumulación del capital. El Estado somete a las poblaciones jóvenes, con el subempleo, hospitales psiquiátricos, cárceles y centros de rehabilitación como mecanismo de detención y criminalización (2010).

Desde la negación de los derechos sociales básicos, la creación de aparatos de vigilancia y sometimiento, por cuestiones biológicas como el color, y cuestiones sociales como la pobreza, se estigmatiza como potenciales delincuentes a niños y jóvenes de las periferias, subalternos; crean alianzas con expertos y los medios de comunicación para crear un imaginario que comparta la opinión pública en considerar a jóvenes como problemáticos y merecedores de que se les aplique la ley, una ley que convierte en legal el que los maten. A través de un discurso alarmista, desde una filosofía individualista se generan leyes y grupos de vigilancia de política punitiva, para justificar la represión y estigma a jóvenes de barrio, clase trabajadora, los sintecho, inmigrantes. Así el Estado penal crece y se despliega para contener los desórdenes generados por la difusión de inseguridad social.

En el mismo sentido, Feixa (2015) explica el concepto de juvenicidio moral, la relación con la exclusión de los derechos sociales, además de ejemplificarlo con el fenómeno de la marginación social. Hay suficiente evidencia el hecho de que la política pública se aleja de una visión de apoyo de la juventud como inversión para el futuro, al contrario, estas tenderán paulatinamente, a criminalizar cualquier manifestación que intente regenerar el estado de bienestar y protección social. Lo que en Europa se vive como precarización laboral, en AL se convierte en una condición de supervivencia de clase, de etnia y de género.

De acuerdo con información de las Naciones Unidas la mayor proporción de jóvenes del mundo vive en países en desarrollo y, ¿qué significa vivir en un país en desarrollo? Hablar de ello, es hacer referencia a una mezcla de signos, se hace referencia al desarrollo económico, lo que no necesariamente implica desarrollo social, acceso a la salud, ampliación de expectativas de vida o esperanza de vida.

En otras palabras, las personas jóvenes que viven en países de desarrollo, están privados del acceso a un sistema de salud, a la educación de calidad, a un empleo digno, a la seguridad social; es decir, carecen de oportunidades de bienestar social, es claro que ser joven en uno de estos países, se traduce en padecer del subempleo o trabajar dentro de la economía informal en condiciones laborales poco favorables. De ahí que, en palabras de las Naciones Unidas a propósito del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud se pone de manifiesto una vez más, la desarticulación del Estado de Bienestar en los derechos sociales de jóvenes.
 


Los jóvenes tienen casi el triple de probabilidades que los adultos de estar desempleados y de realizar trabajos de baja calidad, de enfrentar desigualdades en el mercado laboral y de estar expuestos a transiciones largas y más inseguras desde la escuela a un puesto de trabajo. Además, las mujeres tienen más probabilidad de estar subempleadas y recibir menos salario, así como de desarrollar trabajos de tiempo parcial o tener contratos temporales. (Naciones Unidas, 2017, párr. 1)

El concepto de juvenicidio moral (Feixa, Cabasés y Pardell, 2015) permite observar los meta-resultados de una política económica neoliberal en donde brilla la ausencia de políticas públicas para superar la crisis económica, se observa la desconexión, entre los poderes públicos encargados de formular, legislar y aplicar políticas de juventud; la academia, que genera conocimiento sobre juventud, así como la sociedad civil, que interviene en el mundo juvenil en conexión con las organizaciones juveniles y los sujetos profesionales del trabajo social juvenil (Planas, Soler, y Feixa, 2014).


Algunos datos

A continuación se presentan datos que reflejan las condiciones estructurales que viven jóvenes en México. Los datos que se muestran a nivel AL se basan en los documentos oficiales de: a) La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL); b) La Organización Internacional del Trabajo (OIT). Posteriormente se describen datos a nivel México a partir del análisis del informe de: c). El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL); finalmente para caracterizar a la población, se utilizaron datos de: d) El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En AL, se observa la actividad de jóvenes en el 2012, y se aprecia que cerca de un 41% solo esta empleado, cerca de un 27% solo estudia, un 22% no estudia ni está empleado y un 10% estudia y está empleado. Por lo que hay 2 de cada 10 jóvenes en AL que no estudia ni se encuentra empleado. Aun cuando 4 de cada de 10 se encuentra empleado habrá que observar las condiciones de este empleo ya que al comparar con los datos en un panorama mundial se observa que los jóvenes son subempleados o tienen un trabajo informal (CEPAL, 2015).

En México, la situación de pobreza de jóvenes en el año 2012 representó un 45% de la población; en cuanto a jóvenes vulnerables por carencias fue de una proporción de un 32% de la población total; lo que significa que una mayor proporción de jóvenes en nuestro país vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad (DIEJ-Imjuve con base en datos del CONEVAL, 2012). Lo que se relaciona con un conjunto de privaciones a las que tiene que enfrentarse en su vida cotidiana. Pensar en la pobreza desde una mirada multidimensional es acercarse a considerar los mecanismos de exclusión social en los que esta población se encuentra expuesta sistemáticamente, por lo que la privación se encuentra vinculada con la carencia social y la individual, bajas oportunidades de educación, salud, trabajo.
 


El problema concreto refiere a las oportunidades que tienen jóvenes de acceder a un vida digna en términos del bien vivir, al concebir a las instituciones como proveedoras de sentido y dirección a las acciones de los sujetos, se observa su representación en la institución educativa y laboral. En México, según el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010) existen 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad, en donde un 50% aglutina aquellos jóvenes que estudian y trabajan (11%) o bien, solo estudian (39%); por lo que la otra mitad reúne a quienes solo trabaja (29%) o bien, no estudia ni trabaja (21%).

De acuerdo con Monsiváis (2007), en México al igual que en el resto de AL las condiciones laborales regidas por el mercado excluyen del trabajo a un porcentaje muy alto de jóvenes, y en los casos en los que pueden obtener trabajo tienen carencias en materia de derechos laborales y de salud; convirtiendo en vulnerable a este sector de población al terminar insertándose en las actividades del empleo informal. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiere que la mayoría de la juventud en los países latinoamericanos solo ha podido acceder a niveles secundarios de educación, en términos porcentuales, se habla de un 65% cuyo acceso a la educación es truncada más allá de los estudios secundarios. En contrapartida, solo el 14% de la población joven ha podido acceder a educación superior. Lo que indica, que insertarse en la educación universitaria, se hace cada vez más difícil al desarrollar la población joven necesidades de empleo. Al parecer en los países latinoamericanos incluido México, la disyuntiva del joven es: estudiar con los costos que esto genera o apoyar en el sustento familiar (OIT, 2010).

En relación con el binomio de mayor número de estudios mejor nivel de vida, en muchos países parece no reflejarse aun cuando la implementación y la mejora de las políticas públicas, tienen el objetivo de lograr mejorar las condiciones de vulnerabilidad de la infancia y adolescencia en condiciones de pobreza y pobreza extrema (Coneval, 2016) por ejemplo en México, el porcentaje de población que vive en pobreza ha aumentado de 45.5% en el año 2012 al 46.2% en el 2014 (Coneval, 2015), lo que marca una condición estructural para reproducir la pobreza.

Finalmente, los datos duros permiten constatarla instalación de dispositivos que a mediano y largo plazo pueden llevar a nuestras juventudes al juvenicidio moral, no obstante, existe la posibilidad de recurrir a procesos de resistencia y lucha por la vida individual y colectiva de los sujetos, aun entre la contradicción del deber y el poder hacer (Chul Han, 2014). En todo mecanismo de control se manifiesta su contraparte que es la resistencia, las acciones de desobediencia civil resultado del ejercicio de la libertad colectiva para hacer frente a las diversas formas de violencia del gobierno en todos sus niveles, un gobierno que instaura la guerra desde el totalitarismo, eliminando física y simbólicamente a todo adversario político, sean estas personas, familias, organizaciones sociales, resistencias que permitan sortear el sistema de control, que intenta la represión de las libertades colectivas (Agudelo, 2013).

 



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[1] El trabajo corresponde a una parte de la investigación financiada con recurso del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior (PRODEP).

[2] Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de Baja California. Dirección postal: Castellón y Lombardo Toledano sin número, código postal 21340, Mexicali Baja California, México. Teléfono 686 557 9547. Correo electrónico cristina.gonzalez@uabc.edu.mx

 


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