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4 junio, 2020 · Cataluña , ,

Entrevista a Xavier Puig “El sector social ha sido ignorado en la pandemia”

Transcribimos la entrevista realizada a Xavier Puig por Ariadna Trillas publicada en el nº 81, junio 2020, de Alternativas económicas.

Hecemos mención que Xavier Puig actualmente también forma parte de la Junta de Gobierno del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) e igualmente es Vicepresidente del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES)

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Acceso a la entrevista en formato pdf

 

Entrevista a Xavier Puig “El sector social ha sido ignorado en la pandemia”

¿Quién es?

Xavier Puig (Barcelona, barrio de Sants, 1963) es educador social, dirige la asociación CEPS y lleva 20 años ligado a plataformas del Tercer Sector Social. Preside la Asociación Española de Entidades de Iniciativa Social y Servicios Sociales.

Estudió magisterio y dirección de organizaciones no gubernamentales (ONG) en Esade. Desde septiembre preside Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS); en principio,
lo hará hasta octubre.

 

Fotografía: Toni Cortès Minguet

 

Xavier Puig es educador social y preside la Asociación Española de Entidades de Iniciativa Social y Servicios Sociales, así como la plataforma catalana de entidades de acción social ECAS.

Preside ECAS de forma circunstancial, ya que su antecesora, Sonia Fuertes, fichó por el Ayuntamiento de Barcelona en la recta final de su mandato. Si me permite, menudo marrón.

Estamos tan obligados a involucrarnos en la acción que no he tenido tiempo de pensarlo. Las entidades sociales han vivido bajo un enorme estrés. Por fortuna somos una federación compacta, con una visión y una misión claras, y con una gobernanza muy compartida.

Como atalaya de la crisis social, ¿qué colectivos le preocupan especialmente?

Las personas mayores, la infancia y juventud y las personas con discapacidad partían de situaciones de desventaja.

Y colectivos invisibilizados que sufren discriminación de género, por su origen o por sus adicciones. Ahora prevemos que se intensificará su vulnerabilidad.

También nos preocupa que se pueda aprovechar la pandemia para realizar reestructuraciones en algunas empresas,  y que ello incremente la crisis. Veremos cuál es el compromiso social del sector
privado. Ya no valdrá con llenarse la boca de responsabilidad social corporativa.

¿Qué lectura hace de la tragedia vivida en las residencias de mayores?

De entrada, cargar las tintas sobre la gestión de las residencias es una cortina de humo, desviar la atención para que no se vea que nuestro Estado de bienestar no ha tenido como prioridad la inversión en política social. Ahora que se ha producido un problema muy grave se ha hecho visible el poco personal que hay, la poca cualificación que a menudo tiene, lo mal pagado que está, la
sobrecarga que sufre en horarios y, en definitiva, lo agotado que se encuentra.

¿Por qué se paga tan poco al personal de las residencias?

La precariedad de condiciones refleja cómo la externalización de servicios se ha diseñado con criterios puramente economicistas. Hemos educado al personal de las administraciones públicas en el logro del máximo rendimiento.

Quien tiene capacidad de inversión son fondos y constructoras, que recuperan el dinero por la vía de condiciones laborales precarias.

La diferencia con la sanidad es notoria.

El sector salud se queja de las condiciones laborales, pero ahora que sus profesionales han entrado en las residencias afloran las diferencia respecto del sector social. No puede ser que una enfermera en el sector sanitario cobre tres veces más que otra que haga el mismo trabajo en el sector social, ya sea en una entidad social o en el sector privado. Lo importante es reconocer que un servicio es de responsabilidad pública. Entonces, el Estado debe garantizarlo como un derecho. Quien trabaje en ese servicio debe gozar del mismo reconocimiento, independientemente de quién lo gestione. Por eso desde el sector pedimos una ley de acción concertada que haga que los servicios de atención a las personas las gestionen entidades que primen el no afán de lucro, y que lo que estas organizaciones tengan de patrimonio revierta en la sociedad.

¿Funciona así en alguna comunidad?

Existen algunas leyes de acción concertada en Navarra y Aragón. También Valencia iba a dar pasos importantes en este sentido. Pero queda mucho recorrido. En general, en Cataluña y en España, cuando los políticos constatan presión social, hacen buenas leyes, pero sin los recursos para que sean útiles. Sucede con la ley de la dependencia, la vivienda y el ingreso mínimo vital.

Se repite mucho que hay que cambiar de modelo para cuidar a los mayores y otros colectivos vulnerables. ¿En qué sentido debe ir el cambio?

Me inquieta que se sanitaricen las residencias y, de hecho, que se sanitarice, higienice y medicalice toda la acción social. Por supuesto, agradecemos que, con los pocos recursos que teníamos, venga a ayudar alguien con recursos. Y los sanitarios han estado en primera línea. Pero otros colectivos que también realizan trabajos esenciales no han tenido la misma visibilidad. Y debemos volver a la metodología de la acción social.

¿Qué quiere decir eso exactamente?

No se trata solo de que cualquiera de nosotros pueda caer enfermo, o incluso morir. También podemos caer fácilmente en una situación de vulnerabilidad: perder el trabajo, entrar en depresión y desconectarnos. Siempre pensamos que nos queda lejos, y no es así. Nos hemos dado cuenta de ello especialmente desde la crisis de 2008. Hay quien piensa que el modelo residencial es equivocado porque está mal dotado y que si lo dotamos bien, todo solucionado. No es así. ECAS persigue la transformación social y el empoderamiento de las personas. Queremos cambiar de modelo: de uno asistencial a otro comunitario, que empodere a las personas. No podemos volver al modelo anterior.

¿Y está esperanzado o es escéptico?

Con sinceridad, creo que si todo esto pasara, la mayoría de la gente querría volver a su vida de antes. Tenemos que trabajar para que no sea así. Y es difícil, porque hemos reaccionado solo cuando nos ha ido la vida en ello. Por ejemplo, hemos visto muchos aplausos solidarios para sanitarios y demás profesionales, pero cuando tuvieron lugar las protestas de las mareas por una mejor educación, servicios sociales, pensiones y sanidad, la ciudadanía no reaccionó. Necesitamos una revolución, porque la corriente globalizadora neoliberal intentará que nada cambie.

Me refiero a la dificultad de los acuerdos globales. Por ejemplo, es necesaria una fiscalidad más justa. Pero si pienso en actuar solo en Cataluña o en España no vale de mucho. Debería producirse
un cambio global. Y es difícil un acuerdo global que haga entrar el modelo actual en crisis. Lo vemos igualmente con la renta mínima, que acaba siendo una distribución de los mismos recursos de
otro modo, con un poco más de beneficiarios. Las políticas para reducir la pobreza mediante planes de inclusión en la Unión Europea no han funcionado. Solo se aspira a reducirla un poco.

¿Qué opina de la renta básica universal como derecho para todo el mundo?

Personalmente, soy partidario de ella, junto con un cambio de sistema fiscal que signifique más dinero. Como ECAS, tenemos un debate abierto. En todo caso, si ahora tenemos una renta garantizada de ciudadanía, en caso de Cataluña, hay que luchar para que llegue a todo el mundo al que tiene que llegar. Llega a muy pocos.

Y lo mismo con la renta mínima estatal. Puedes tener un poco más de recursos, un poco menos de condicionalidad, ayudar a un poco más de gente, pero no solucionamos el problema. El sistema de rentas actual no es útil para acabar con la pobreza y poder llevar una vida digna. Y sus resultados no se evalúan lo bastante. Como dije, cualquiera puede caer en una situación vulnerable. Las sociedades tienen que proteger a sus personas vulnerables. No van a desaparecer del mapa. Los más ricos deben entender que hace falta una redistribución. ¿Por qué se puede decretar un estado de alarma por una crisis sanitaria y no se puede por una emergencia social y económica?

¿Es crítico con el estado de alarma?

Puedo entender que había que tomar medidas. Se ha visto que, sin sanciones, la pandemia hubiera ido aún peor. Pero me habría gustado un discurso más responsabilizador, que se apelara a la
ciudadanía a liderar la respuesta, y no a actuar desde la coerción. Tampoco me gusta la terminología. Tal vez “estado de alarma sanitaria” enviaría otro mensaje.

No era una revuelta social, era una crisis sanitaria. Me ha sobrado el plantel diario de fuerzas de seguridad.

Han desempeñado un papel.

Sí, por supuesto. Pero no es más importante un militar que ha ido a desinfectar una residencia que un voluntario que se ha ofrecido para ayudar a desinfectar. O un reponedor , cajero, transportista, psicólogo, educador social…

¿Hay más voluntariado realmente?

Dentro de la limitación de movimientos por el confinamiento, el voluntariado se ha notado en tareas de ayuda, como el reparto de alimentos y el acompañamiento a personas. Lo que no he entendido es que haya habido algunas administraciones y funcionarios de servicios públicos en servicios mínimos durante la pandemia justo cuando más se necesitaban,y a la vez hacer llamamientos a voluntarios.

En servicios sociales no puede haber servicios mínimos y los ha habido.

Antes ha hablado de responsabilidad. ¿Cómo vamos de educación social?

La educación social en mayúsculas hace de mediación entre la cultura y las personas. Debemos reflexionar sobre qué valores queremos, y si no se actúa desde ellos, habrá que diseñar programas para reforzarlos. Se han incrementado los discursos de odio y también la estigmatización de algunos colectivos por la enfermedad, como la comunidad china, o a colectivos supuestamente prescindibles, a los que no se considera productivos. A veces, el propio sistema no permite pensar diferente. Ahora veo algunas escuelas muy preocupadas por transmitir conocimientos, pero debemos pensar en las familias y la tensión que sufren.

Y supongo que en la brecha digital.

En efecto, hay familias que no disponen de dispositivos adecuados, pero también existe un problema de cultura digital. No estamos preparados para el cambio. Actuamos de forma reactiva.

El tercer sector ha dado la voz de alarma sobre su infrafinanciación. ¿Prevé el cierre de entidades sociales?

Han sido y son momentos duros. Se exige el cumplimiento de muchos protocolos a las entidades, pero esta exigencia no casa con la incapacidad de aprovisionamiento de equipos de protección. Nos hemos tenido que espabilar. Garantizar la protección de los profesionales tiene importantes sobrecostes. La Confederació, de la que ECAS forma parte, los cuantifica solo en Cataluña en 85 millones de euros. Y se sobreponen a un problema de infrafinanciación. Hay que acompañar a quienes lo necesitan, y las ayudas llegan tarde. Para volver a la situación de 2008, en Cataluña se necesitarían 600 millones. Pero, además, hace falta pensar en el día siguiente. No solo necesitamos un plan para rescatar a personas vulnerables. Neecesitamos tambiém un plan para la reactivación económica del tercer sector.

¿Y la respuesta?

El sector social ha sido ignorado en la pandemia. El Gobierno del Estado nos invisibiliza. Desde las asociaciones empresariales del Tercer Sector Social, que aglutina a 30.000 organizaciones sociales que atienden a siete millones de personas, escribimos al presidente del Gobierno y al vicepresidente del Derechos Sociales. Les pedimos no solo equipos de protección y apoyo sanitario, sino un fondo de contingencia de apoyo a los centros sociales, así como mecanismos de interlocución permanente. Pero no se nos ha consultado en la reacción a la pandemia.

¿Hasta qué punto se controlan subvenciones y contratos públicos?

Se fiscaliza el dinero, pero no se evalúa la eficacia de la acción. Si me dedico a erradicar la pobreza no se aplican indicadores para valorar qué hago para lograrlo.

Tal vez los trabajadores públicos deberían dedicarse a otras cosas. Controlar, por ejemplo, el hecho de que en los centros de justicia juvenil se tienda a contratar a otros perfiles en lugar de educadores, para pagarles menos. Si hubiera más inspecciones a residencias, se podría dar un mejor servicio. También es cierto que la Administración necesita recursos. He oído a algún responsable público decir que como no tiene, no inspecciona.

¿Son transparentes las subvenciones?

Si se percibe falta de transparencia, deberíamos preguntarnos el porqué. Es verdad que la política de las subvenciones corre el riesgo de ser más gracial: yo te doy una ayuda a ti, y a ti no, aunque se presenten proyectos. Sería ideal que las ayudas se destinaran a innovar, a experimentar cómo combatir retos sociales.

Creo más en contratos públicos y en una política evaluadora con sentido.

 

Fotografía: Toni Cortès Minguet

Acceso a la entrevista en formato pdf

 

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