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miércoles, 20 de septiembre de 2017
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MARCO TEÓRICO
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Políticas sociales, educación y ciudadanía
02/may/2007

Atanasi Céspedes. Educador social y psicólogo. Ha trabajado en procesos de desarrollo comunitario. Elisenda Vegué. Licenciada en Psicología. Máster en mediación comunitaria. Ha trabajado en procesos de desarrollo comunitario. Ismael Blanco. Doctor en Ciencias políticas. Investigador del IGOP.

"Con todo, siempre hay algunos que no pueden, no llegan, no tienen dotes de actor suficientes. Minorías de diverso tipo, fracasados de diverso tipo, abandonados de diverso tipo, inválidos de diverso tipo. Para todos ellos está no el escenario principal, sino el teatrillo, donde alguien los va entrenando con un guión auxiliar. Esa ha sido habitualmente la función de las administraciones locales; el guión corresponde a las políticas sociales. Son políticas asistencialistas. En el fondo todo el mundo es consciente de que esos ciudadanos difícilmente podrán participar en condiciones en la obra principal; tendrán en ella papeles intrascendentes y muy cortos hasta que vuelvan a ser excluidos. Entonces volverán nuevamente al teatrillo. Son la sociedad asistida. Están tan fuera de lo que es habitual que los llamamos "anormales". De hecho, en el lenguaje de las políticas sociales o de la asistencia social se habla de 'normalizados'."

Faustino Miguélez (2001) (1)

En las siguientes líneas queremos reflexionar entorno a algunas ideas que nos parecen centrales para, desde la cotidianidad, articular prácticas concretas en la línea de promover ciudadanía, desde distintos espacios de trabajo, de desarrollo e implementación de políticas sociales.

Desde nuestras prácticas concretas hemos encontrado un común denominador a distintos intentos de generar procesos de participación comunitaria, como estrategia para la transformación de territorios y barrios vulnerables; la necesidad de generar una cultura de colaboración entre distintos agentes de un territorio basada en el respeto y la confianza. Cómo construir procesos de trabajo conjunto y compartido es nuestra principal (pre)ocupación.


I. El concepto de la ciudadanía y la emergencia de las políticas sociales

El concepto de la ciudadanía es un concepto relativamente reciente en la historia de la humanidad. Más allá de su significación literal -el ciudadano en tanto que ser urbano- conlleva, en su concepción política, moderna y occidental, la posesión de unos determinados derechos frente al estado. Theodor Marshall, un conocido sociólogo inglés de mediados del siglo XX, teorizó a fondo sobre el concepto de la ciudadanía y remarcó que éste ha ido evolucionando a lo largo de la historia occidental moderna, evolución que, según su perspectiva, conllevaba una progresiva ampliación de los derechos implícitos en la ciudadanía.

Así, la Revolución Francesa marcó el asentamiento progresivo del concepto de la ciudadanía civil: la ciudadanía civil se asoció a la posesión de una serie de derechos individuales frente al estado, como el derecho al libre pensamiento, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad religiosa... derechos que aún hoy configuran lo que en el mundo occidental identificamos como derechos humanos básicos. La asunción de estos derechos conllevaba asegurar una serie de libertades básicas del individuo que restringían el poder absoluto de las instituciones del estado, marcaban unos límites a su actuación, y exigían al Estado su garantía. La política, de hecho, cumplía una función básica en este contexto: la garantía que tales derechos no podrían ser soslayados por ninguna clase de poder (político, religioso, militar...). Sin embargo, a lo largo del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, el concepto de la ciudadanía fue profundizándose y ampliando sus contenidos. Para Marshall, este nuevo contexto histórico enmarcó el asentamiento de un nuevo concepto de la ciudadanía: lo que él llamó la ciudadanía política. La ciudadanía política conllevaba el reconocimiento de nuevos derechos, fundamentalmente, aquellos que se refieren al derecho de los ciudadanos a participar políticamente en las instituciones del estado. El sufragio universal fue la principal conquista histórica asociada a esta nueva concepción de la ciudadanía. El derecho de “todos” los miembros de la sociedad a participar en la elección de sus representantes políticos comportó que el ‘ser ciudadano’ no sólo estuviera asociado a la posesión de determinados derechos individuales frente al estado, sino también, a la capacidad de participar en la configuración de la voluntad colectiva. Pero a mediados del siglo XX, las luchas obreras, dentro y fuera de las instituciones del estado, consiguieron poner en evidencia un hecho fundamental: no pueden garantizarse derechos civiles ni políticos si no existe una garantía de derechos sociales básicos. Por lo tanto, desde esta perspectiva la emergencia de las políticas sociales y su asentamiento en lo que conocemos como el Estado del bienestar debe interpretarse como consecuencia del desarrollo de un nuevo concepto de la ciudadanía: la ciudadanía social. No hay libertad sin igualdad, el capitalismo genera grandes desigualdades sociales que restringen la capacidad real de los individuos de ejercer determinados derechos civiles y políticos y el Estado debe responder ante esta situación garantizando a las personas el acceso a determinados bienes básicos. La vivienda, la salud, el trabajo digno, la educación... no pueden continuar siendo privilegios de unos pocos, sino derechos sociales básicos que la política debe ayudar a asentar.

Esta interpretación de cómo el concepto de la ciudadanía ha ido evolucionando a lo largo de la historia ha sido sometida a profundas críticas por parte de historiadores, sociólogos, politólogos... Críticas que aquí no tenemos espacio para sistematizar. Pero se nos ocurren, como mínimo, tres interrogantes que nos parece importante remarcar. Sólo los apuntaremos, y los recuperaremos más tarde para continuar con nuestra argumentación. En primer lugar, este tipo de interpretación nos hace pensar en una visión de la historia lineal, unidireccional, cuando sabemos, en cambio, que la historia está marcada por profundos vaivenes. En las dos últimas décadas, la emergencia de nuevas y dramáticas realidades de exclusión social, por ejemplo, nos obliga a replantearnos hasta qué punto la conquista de derechos sociales básicos es un hecho consumado o por (re)construir. En segundo lugar, este tipo de interpretación no tiene en cuenta las profundas contradicciones implícitas en el concepto de la ciudadanía a lo largo de la historia, en sus distintas acepciones. Durante buena parte del siglo XX, las mujeres, por ejemplo, han estado marginadas de cualquier tipo de derecho de ciudadanía, civil, político o social. Los nuevos inmigrantes de la Europa occidental sufren, también, una dramática exclusión respecto a derechos civiles, políticos y sociales que parecían estar consolidados en nuestros estados. Finalmente, este tipo de interpretación nos deja en un punto muerto en la historia. No creemos en lo que preconizó Fukuyama después de la caída del muro de Berlín: “estamos asistiendo al fin de la Historia”. Hoy existen nuevos retos colectivos que nos obligan, con toda seguridad, a continuar repensando y a profundizar en el concepto de la ciudadanía.

a. Las políticas sociales y el Estado del bienestar: auge y consolidación en las sociedades industriales avanzadas

Retomemos el hilo argumental de Marshall. El fin de la Segunda Guerra Mundial marca un importante punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y el Estado. El asentamiento del concepto de la ciudadanía social, como hemos visto, presiona a los estados a garantizar determinados derechos sociales básicos. Por otra parte, dejemos a los expertos profundizar sobre el tipo de fuerzas históricas que nos llevan a este nuevo estadio histórico. Lo cierto es que, desde finales de los años 40, la mayoría de los estados de la Europa occidental, con ritmos e intensidades diferentes, van reconvirtiéndose en estados del bienestar: estados que no sólo garantizan derechos civiles y políticos, sino también sociales. Los estados amplían espectacularmente el abanico de temáticas sobre las que intervienen y aumentan significativamente su peso en las economías industriales avanzadas. Buena parte de este proceso de ampliación de las agendas y del gasto público recae sobre las políticas sociales, políticas que se articulan sobre tres grandes ejes:

    1. En primer lugar, la prestación de una serie de servicios orientados a satisfacer necesidades básicas de las personas, como la salud, la educación, el transporte público... y en algunos países, incluso, la vivienda pública.
    2. En segundo lugar, la regulación del mercado de trabajo, con la generación de nueva legislación orientada a garantizar una serie de derechos laborales (salariales, de salubridad, de horarios, de sindicación, de participación en las empresas...).
    3. En tercer lugar, la garantía de unas rentas mínimas para aquellos que no participan activamente, por una razón o por otra, en el mercado de trabajo (subsidios de vejez, desempleo, discapacidad, enfermedad...).

Sustantivamente, por lo tanto, el Estado del bienestar se fundamenta en un gran pacto social que persigue garantizar a los trabajadores una cierta seguridad frente a los riesgos del capitalismo. No se trata tanto de forzar desde el Estado una igualdad que hubiera sido contradictoria con la esencia del capitalismo, sino más bien de asentar una serie de derechos sociales básicos que confieran a la ciudadanía seguridad frente a los riesgos y las inseguridades sociales que intrínsecamente genera este sistema. ¿A cambio de qué? Seguramente, de muchas cosas: la reproducción de mano de obra formada y saludable, la paz social, la renuncia del movimiento obrero a sistemas políticos alternativos, la restricción de los derechos de participación política al sufragio y al pacto corporativo... Y es que los estados del bienestar que se van consolidando a lo largo de la geografía europea no sólo deben caracterizarse por lo que son sustantivamente, sino también por las formas de gobierno que enmarcan. ¿Cómo se gobierna el conflicto social en este contexto? Esquemáticamente, las formas de gobierno en este periodo pueden caracterizarse en los siguientes términos:

  1. Primero, se consolida una concepción delegativa de la democracia: la participación política de la ciudadanía en las insituciones del Estado se canaliza, fundamentalmente, y casi exclusivamente, a través del voto. O en todo caso, en el marco de pactos corporativos tripartitos entre el estado, la patronal y los sindicatos.
  2. Segundo, relacionado con lo anterior, las grandes organizaciones sociales de masas (sindicatos y patronales) y los partidos políticos se consolidan como las principales formas de acción colectiva. Organizaciones políticas y sociales, que en términos generales, se caracterizan por ser fuertemente jerárquicas y burocráticas, con pocos o muy pocos elementos de democracia interna.
  3. Tercero, los gobiernos centrales acaban monopolizando los procesos de toma de decisión pública, actúan con criterios eminentemente tecnocráticos y, la administración acaba tomando unas formas organizativas y unas dinámicas de funcionamiento que emulan la organización de los procesos productivos industriales predominantes en este estadio histórico: la Administración pública, en el marco del Estado del bienestar, es una administración concebida como algo claramente distinto y separado de la política (dicotomía wilsoniana), cuya función básica es obedecer y ejecutar desde la neutralidad, eficientemente y eficazmente las decisiones políticas, garantizando la igualdad de trato de los ciudadanos, organizada de forma jerárquica y con fuertes especializaciones internas, monopolizando la prestación de los servicios públicos (burocracia weberiana).

Y todo ello encaja bien con un modelo social, el de la sociedad industrial, que permite a los gobiernos actuar en un escenario altamente previsible y relativamente simple:

  1. Una sociedad estratificada por clases sociales, grandes grupos sociales con necesidades altamente estandarizables y homogéneas.
  2. Un modelo productivo basado en el crecimiento económico sostenido, el pleno empleo (masculino) y la seguridad laboral.
  3. Una sociedad que no se pregunta ni es sensible hacia la protección de los recursos naturales, productivista, explotadora de los recursos medioambientales como si de bienes infinitos se tratara.
  4. Un modelo familiar patriarcal donde el hombre se especializa en las tareas productivas (aquellas que tienen un valor para el mercado) y la mujer en las tareas reproductivas (el cuidado y la atención de los niños, de los ancianos, las tareas domésticas...). Un modelo familiar muy estable y sólido, enraizado en valores tradicionales.
  5. Una sociedad adultocrática, donde la infancia, la adolescencia y la vejez no son consideradas como etapas plenas de la vida sino como etapas de transición (hacia el mundo adulto o hacia el fin de la vida).
  6. Una sociedad aún muy tradicionalista en sus valores y que prioriza la adquisición de bienes materiales (rentas, vivienda, salud, empleo, formación profesional...) por encima de todo.
  7. Una sociedad culturalmente homogénea, o en todo caso, con ejes de fractura cultural relativamente claros en el caso de los estados pluri-nacionales.
  8. Finalmente, una sociedad organizada políticamente en el marco de un Estado que no sólo preserva su monopolio regulativo, sino también su capacidad de centrar las identidades políticas y culturales de la ciudadanía.

b. Crisis y/o reestructuración del Estado del bienestar

Sin embargo, los fundamentos de este modelo político y social empiezan a tambalearse a mediados de los años 70 en toda la Europa occidental y el Estado del bienestar se ve sometido a fuertes presiones de cambio. Desde entonces, abundará la literatura sobre la llamada ‘crisis del Estado del bienestar’, y las instituciones políticas deberán hacer frente a un nuevo contexto estructural que obliga a repensar las políticas sociales. El debate ha sido y es intenso y suscita perspectivas teóricas muy diversas. Desde nuestro humilde punto de vista, sin embargo, entendemos que hay tres grandes interrogantes a plantearse: en primer lugar, ¿hasta qué punto podemos hablar de la ‘crisis del Estado del bienestar’? ¿Deberíamos hablar de ‘reestructuración’? En segundo lugar, ¿cuáles son los factores que nos llevan a pensar en la ‘crisis del Estado del bienestar’ o en la necesidad de reestructuralo? Finalmente, ¿hacia dónde apuntan esas presiones de cambio? ¿Hacia dónde debemos caminar si convenimos que no podemos seguir haciendo las cosas al modo tradicional? Son preguntas muy ambiciosas sobre las cuales sólo pretendemos apuntar algunas ideas.

¿Crisis o reestructuración? Las dos ‘crisis del petróleo’ de los años 70 marcaron un cambio de ciclo económico en el capitalismo industrial que llevó a muchos a pensar que, en el nuevo contexto, resultaría insostenible mantener los niveles de gasto social que los estados del bienestar habían asumido hasta entonces. Hubo quien predijo, entonces, una crisis fiscal del Estado que conllevaría fuertes recortes en el gasto social. La lógica en que se basó este tipo de reflexión es compleja y no tenemos espacio aquí para profundizar en ella, pero en todo caso, la hipótesis de la ‘crisis fiscal del Estado del bienestar’ fue una hipótesis de corto recorrido. Desde mediados de los años 80 se aprecia en toda Europa un proceso de recuperación económica y los estados han conseguido mantener altos niveles de gasto social. En España, por ejemplo, el gasto social ha mantenido una tendencia estructural al alza a lo largo de los últimos 25 años, y algunos niveles de gobierno, muy especialmente los gobiernos locales, han ido ampliando en este periodo sus agendas del bienestar y el gasto que dedican a las políticas sociales. Sin embargo, curiosamente, hoy el nivel de insatisfacción de déficits y necesidades sociales es más alto que unas décadas atrás, lo cual nos hace pensar en la necesidad de reestructurar los estados del bienestar, a la vez que nos alejamos de un escenario de desmantelamiento de las políticas sociales.

¿Qué tipo de factores presionan a los estados del bienestar hacia su reestructuración?

Cremos que las variables de tipo económico tienen una cierta capacidad explicativa, pero en absoluto agotan la explicación. Desde nuestro punto de vista, hay que atender a la complejidad de los cambios sociales que a lo largo de las dos últimas décadas se han producido para comprender exhaustivamente cuáles son esas presiones de cambio. Y es que, desde finales de los años 70, se producen una serie de cambios estructurales, de gran magnitud, que nos sitúan en un escenario social muy distinto del de las sociedades industriales avanzadas en las décadas de la posguerra mundial:

  1. La estructura social es cada vez más compleja y dinámica, aparecen nuevos ejes de desigualdad social ligados a la etnia, al género, a la edad, al territorio... que convierten las necesidades sociales en algo mucho más fragmentado, complejo e incierto que lo que la clásica sociedad clasista nos llevó a imaginar. Además, en la mayoría de economías industriales avanzadas, las desigualdades sociales han ido en aumento y han ido emergiendo nuevas realidades de pobreza y exclusión social.
  2. Hemos pasado de un escenario de crecimiento sostenido a una nueva economía globalizada más inestable e incierta; de un marco de seguridad laboral a un nuevo contexto de inestabilidad, temporalidad y precariedad en el empleo para amplios segmentos de la población.
  3. Cada vez más, tomamos conciencia del carácter finito de los recursos medioambientales, en términos de Beck, de la producción social de riesgos ecológicos. Revalorizamos la relación del ser humano con el medio natural.
  4. Las familias son cada vez más inestables, diversas y dinámicas. Aumentan las tasas de separación y divorcio, se reconstituyen nuevas unidades familiares, aparecen nuevas formas de convivencia en el hogar (monoparentalidad, parejas de hecho, parejas homosexuales...). La mujer se incorpora masivamente al mercado laboral y eso presiona hacia el cambio las relaciones familiares y de género. La familia, en términos de Giddens, es cada vez más un hecho sometido a la reflexividad de las personas y cada vez menos el resultado de una tradición.
  5. La juventud y la vejez se alargan y se consolidan como etapas plenas de la vida y las visiones adultocráticas del mundo entran en crisis. Aparecen nuevas necesidades de corte generacional y nuevos conflictos entre generaciones.
  6. Los valores culturales experimentan, también, profundos cambios. En términos de Inglehart, avanzamos hacia una sociedad postmaterialista donde valores como la sostenibilidad, la igualdad entre géneros, la convivencia comunitaria, la interculturalidad, la solidaridad con los países del Tercer Mundo, el derecho a participar... van tomando fuerza y empiezan a proyectarse intensamente sobre las agendas públicas.
  7. Movimientos migratorios masivos desde el sur hacia el norte del planeta conllevan la emergencia de un escenario social mucho más diverso culturalmente, más fragmentado, potencialmente enriquecedor, pero también conflictivo.
  8. Finalmente, el Estado va perdiendo su monopolio regulativo y simbólico tradicional. Tal como lo han planteado algunos autores: el Estado pierde poder hacia arriba (la globalización, la integración europea...); hacia abajo (las regiones, las ciudades...) y hacia los lados (nuevas agencias con poder de regulación). No sólo pierde poder político, sino también su monopolio como referente de identidad de la ciudadanía. Cada vez más, las identidades políticas y culturales toman un carácter multinivel: se refuerzan las identidades locales, regionales y comunitarias, así como las identidades supraestatales y globales.

Algunos autores se han referido a este proceso de cambio estructural como el paso de la sociedad industrial a la sociedad posindustrial. En términos generales, creemos que todos estos procesos de cambio nos sitúan, cada vez más, en un escenario de gran complejidad, de fuertes incertidumbres. Y creemos que esa es la principal fuerza motriz de la reestructuración de los estados del bienestar.

Por lo tanto, situados en este nuevo escenario, hay que pensar hacia dónde queremos ir. Hay distintas soluciones posibles, tal y como lo plantea Joan Subirats:

  1. La solución autoritaria: frente a la complejidad, frente a las incertidumbres, podemos optar por reforzar la capacidad de los ejecutivos de tomar decisiones, de controlar los procesos de transformación social desde la autoridad. Fujimori, Perot, Berlusconi, Aznar... son buenos ejemplos de un nuevo estilo de política cargado de ‘sentido común’, que trata de legitimarse por su capacidad de resolver problemas de forma expeditiva y eficiente a costa de dar oportunidades a una participación plural.
  2. La solución mercantilizadora: si el Estado no es capaz de responder a este nuevo escenario de complejidad, cedamos nuevos espacios al mercado, a la libre competencia... Por ejemplo, en el ámbito escolar, si las escuelas no son capaces de satisfacer las expectativas que la ciudadanía deposita en ellas, mercantilicemos el sector: promovamos la competencia entre ellas para así mejorar su rendimiento y su capacidad de atender a las preferencias de la ciudadanía. Demos mayor autonomía de gestión a las agencias que prestan servicios públicos e impregnémoslas de criterios de gestión empresarial.
  3. La solución democrática radical: si las complejidades y las incertidumbres son mayores, promovamos nuevos espacios de deliberación entre todos aquellos que tenemos responsabilidades sobre lo colectivo, generemos espacios que promuevan el aprendizaje colectivo, desde el intercambio, desde el debate, desde el conflicto creativo...

Nos situamos, claramente, en esta tercera perspectiva, porque los valores que subyacen en ella nos permitirán profundizar en los conceptos de la democracia y del bienestar social. Así, entendemos que los retos que hoy debe abordar el Estado del bienestar pasan tanto por un replanteamiento en profundidad de sus contenidos sustantivos, como por un replanteamiento de las formas de gobernar. No se trata sólo de qué hacer, sino también del cómo hacerlo. En el terreno de qué hacer, habrá que repensar la agenda del bienestar: regular la flexibilidad laboral, promover las capacidades de inserción laboral de las personas, ampliar las prestaciones sociales hacia nuevos servicios sociales de proximidad, capaces de atender a las nuevas necesidades... En el terreno del cómo hacerlo: reforzar los espacios de proximidad, mejorar las dinámicas de intercambio entre niveles de gobierno, promover la transversalidad, generar espacios de cooperación entre el sector púbico y privado y, sobretodo, fortalecer la participación ciudadana, en todas sus múltiples formas posibles, sin caer en la tentación de reducirla a aquellos agentes que hasta ahora aún creen tener el monopolio representativo de la ciudadanía.

c. ¿Un nuevo concepto de ciudadanía?

Para terminar con este capítulo, nos preguntaremos si debemos dar un nuevo salto cualitativo en el concepto de la ciudadanía que Marshall dio por culminada con la ciudadanía social. Creemos que sí. Como mínimo, en una triple dirección:

  1. En primer lugar, en un escenario de complejidades e incertidumbres, el ciudadano no puede seguir siendo considerado un objeto pasivo de las políticas sociales, sino más bien un sujeto activo con múltiples ideas y recursos a aportar en las tareas de gobierno.
  2. En segundo lugar, en este nuevo escenario ya no podemos seguir pensando en grandes agregados sociales con necesidades homogéneas. Debemos reconocer y respetar la diversidad social, no en un sentido tolerante, sino creando activamente espacios donde esa diversidad se manifieste en toda su conflictividad, porque es en esos espacios de diversidad conflictiva donde mejoraremos nuestra capacidad para entender cuáles son los problemas y encontrar soluciones a ellos.
  3. Finalmente, y como punto culminante de todo lo anterior, tenemos que afrontar un nuevo reto para con la ciudadanía: promover su capacidad personal para convertirse en sujeto activo de los procesos de transformación social.

A la reflexión sobre cómo y por qué promover ese nuevo concepto de la ciudadanía diversa y activa dedicaremos las próximas páginas.


II. Educación y ciudadanía

Tal como hemos visto, la realidad del siglo XXI se presenta cada vez más incierta, dinámica y compleja, mientras que las políticas sociales siguen atendiendo a premisas asociadas a la “sociedad industrial”. También se ha comentado cómo la variable económica no es suficientemente explicativa para poder comprender los profundos cambios que están sucediendo en las estructuras institucionales, sociales, familiares, culturales, migratorias, etc. Y también hemos planteado la necesidad de redefinir el papel de la ciudadanía, como sujeto activo de esta construcción.

La promoción de ese ser humano activo, corresponsable, integrado... desde la autonomía personal, el respeto y la confianza hacía sí mismo y hacia “los demás”, debería constituir el eje central donde se articulen y sostengan las intenciones y voluntades de las políticas sociales.

Las políticas sociales son eficaces, si los tres actores implicados (técnicos, políticos y ciudadanos) interactúan sobre la base del respeto mutuo, desde los roles y la responsabilidad de cada uno. En el núcleo de este tipo de relación está el desarrollo de actitudes y valores, como la autonomía y el reconocimiento, de las distintas partes implicadas en cualquier proceso social concreto. Esto es muy fácil de decir, pero no es tan sencillo de practicar a no ser que exista una voluntad real y consciente de cambio.

a. Por un enfoque educativo de las políticas sociales

Desde nuestro punto de vista uno de los aspectos esenciales a resolver, a TransFormar, es el desarrollo innovador de políticas sociales. Políticas que centren sus estrategias y sus prácticas en una relación educativa que promueva el desarrollo del ser humano y su autonomía; frente al asistencialismo caritativo, que asiste a los “desposeídos”.

Cómo pasar desde la práctica de una concepción del ser humano como objeto destinatario de la “piedad estatal”, a una concepción que desde el respeto y la confianza, promueva la autonomía personal y el papel activo del sujeto en su construcción.

Es necesario innovar y desarrollar políticas sociales con un enfoque relacional y educativo con la ciudadanía (como estrategia socializadora), con la finalidad de promover y facilitar valores y actitudes ciudadanas que movilicen ese potencial en cada ser concreto, favoreciendo su autonomía, su desarrollo creativo y su singularidad dentro de su comunidad.

Este enfoque educativo necesita incluir a las personas, de forma activa, en su desarrollo personal y comunitario, promoviendo su capacidad de cambio que, a su vez, se retroalimenta con la promoción de una actitud activa y participativa.

Valores como la autonomía, la responsabilidad, y el respeto y reconocimiento del otro son pilares de este desarrollo, que están en la base de cualquier proceso comunitario de cambio de una comunidad.

  • Autonomía: entendida como la capacidad de la persona para pensar y actuar libremente, de forma consciente y voluntaria, enfrentando sus objetivos y comunicándolos a los otros, asumiendo las consecuencias de sus actuaciones. La autonomía es una característica dinámica, que cambia de grado (puede aumentar o disminuir) en diferentes momentos y por diferentes motivos en la vida de una persona. Favorece la creencia en uno mismo, da seguridad y confianza en la propia capacidad de cambio.
  • Respeto y reconocimiento: valor necesario en la comunicación y la construcción conjunta. El respeto hacia el otro como sujeto con capacidad propositiva/constructiva. En muchas ocasiones el reconocimiento nos acerca a la comprensión que, por otro lado, no debe confundirse con el estar de acuerdo o el compartir opiniones o formas de hacer.
  • Responsabilidad: para ser ejercida hay que ser consciente de que se tiene. En muchas ocasiones, en general, somos más conscientes de la responsabilidad del otro y menos de la nuestra. Esto tiene que ver con que la responsabilidad del otro conlleva externalizar el problema y atribuir culpabilidades (cultura de la queja), mientras que la responsabilidad de uno necesita de la identificación de la propia capacidad de cambio y a la vez de la humildad necesaria para aceptar el error que pueda devengar su ejercicio.

Estos valores tienen una naturaleza relacional, se construyen y desarrollan con la interacción con “el otro” y es, por tanto, muy necesario que dicha interacción se dé desde el respeto, la escucha activa y el reconocimiento.

El sujeto va configurando su subjetividad sobre la base de aquello que necesita para individualizar su expresión y alcanzar sus objetivos. El medio no participativo -sustitutivo de la responsabilidad individual- no estimula el desarrollo de la personalidad, sino que lo bloquea e induce pasividad, conformismo, reproducción e inseguridad. La creación de una atmósfera social participativa, pasa por la formación de ambientes institucionales también participativos en la familia, en las escuela, el centro laboral y todo tipo de organización e institución de cada sociedad concreta. La creación de una cultura participativa donde se respeta y estimula la comunicación, es la antítesis de la cultura de la conducta que durante tanto tiempo ha prevalecido.
Fernando Gonzalez Rey (1995) (2)

En definitiva, apostamos por una educación:

  • encaminada al desarrollo de la capacidad consciente, es decir de un conocimiento y búsqueda reflexivos de las cosas y fenómenos que nos suceden en la vida cotidiana, darnos cuenta de…, tener conciencia de…
  • enfocada al desarrollo emocional-afectivo del ser humano, a su autoestima y a su capacidad para vivir y convivir en armonía con uno mismo y con los otros. Aprender a ser más felices es una tarea educativa a la que tenemos que prestar más atención.
  • como promoción de la capacidad volitiva, es decir, del desarrollo de la voluntad para hacer en lo concreto aquello que deseamos y nos proponemos conscientemente, para construir desde un punto de partida, voluntad como intención sincera de cambio y que a su vez orienta la dirección del mismo.

Potenciar el papel activo del sujeto desde el proceso educativo en su autodeterminación para vivir plenamente su historia personal, desde la autonomía, el respeto y la responsabilidad, a través de un clima de confianza en las relaciones que se establecen, es un objetivo estratégico de la tarea educativa.

Educar la capacidad consciente y volitiva del sujeto así como la comunicativa, es indispensable para el desarrollo de la personalidad, que constituye un sistema facilitador de la individualización; por tanto, su desarrollo supone asumir decisiones, elaborarlas, concienciar estrategias, organizar la comunicación con el otro, construir lógicas personales en los distintos sistemas en que el sujeto participa, etc.; procesos todos susceptibles de aprendizaje, los cuales se entrenan en diferentes relaciones participativas que estimulen la independencia y la autodeterminación, fomentando concepciones generales de que la vida y el conocimiento son espacios abiertos, portadores de múltiples alternativas de integración y respuesta ante las cuales el sujeto tiene que asumir la responsabilidad de su camino personal.
Fernando Gonzalez Rey (1995)

Pasar del “sujeto objeto” de las políticas sociales al “sujeto activo” protagonista en su desarrollo requiere de una profunda reflexión educativa.

Por tanto, entendemos la educación como un proceso orientado al desarrollo pleno de la persona, de su autoestima, de su seguridad emocional, de su capacidad reflexiva y critica, de sus motivaciones, de su capacidad para comunicarse con los otros… Estos elementos dinámicos se configuran de forma permanente en las distintas actividades y relaciones que la persona va construyendo en su historia personal y es, por tanto, en los sistemas concretos de actividad y de comunicación donde el ser humano se construye como sujeto activo, y él es parte integrante de su propio proceso educativo.

En coherencia con estas concepciones de educación y personalidad debemos reflexionar sobre el poder educativo de las políticas sociales, y la gran oportunidad que éstas nos ofrecen para promover un tipo de desarrollo de las personas acorde con un desarrollo de la comunidad hacia una mejora de la calidad de vida de un territorio.

b. Proceso educativo y trabajo conjunto

Si nuestra intención es promover el ser humano como sujeto activo para que participe en la transformación social y, a su vez, definimos la dimensión social como una característica importante de dicha transformación, es necesario dedicar una reflexión en torno a los valores que existen en la construcción de las relaciones entre sujetos activos (actores) hacia la transformación social conjunta: cómo concebimos el trabajo conjunto, y cómo éste nos permite trabajar los valores necesarios para la promoción del ser humano activo que pretendemos impulsar.

Venimos de una cultura y de una práctica relacional excluyentes, con bajos niveles de comunicación y con un abordaje destructivo del conflicto. Sólo desde el desarrollo de una nueva cultura relacional inclusiva y tolerante, que sea capaz de aprovechar el conflicto para crecer y avanzar intentando promover soluciones consensuadas, donde las distintas partes ganen, es posible construir dinámicas de trabajo compartido en un clima de confianza. Para ello es necesario, en primer lugar, la información y el conocimiento conjunto y compartido que permitan tener ideas precisas sobre las diversas necesidades de cada colectivo, a través de procesos de investigación participativa continuada. En segundo lugar, la colaboración conjunta en el diseño de objetivos y programas, donde es necesario saber utilizar los conocimientos técnicos, pero también la experiencia de la gente y su implicación. En tercer lugar, el seguimiento y la evaluación de los objetivos y programas acordados.

Conseguir trabajar conjuntamente implica reconocer los intereses y necesidades de los distintos actores, sin olvidar que cada actor tiene un rol en el proceso y que todos tienen su nivel de responsabilidad. Este reconocimiento implica, a su vez, legitimación. Legitimar las necesidades del otro nos lleva a comprenderlo y poder ver la realidad desde otra visión distinta a la nuestra. Para ello es necesario superar las posiciones, determinadas por el tipo de relación preexistente entre actores. Dicha relación puede ser fruto o resultado de la historia, del hábito, del concepto de poder ligado a la jerarquía; en definitiva, del modelo y/o cultura relacional excluyente, dominada por la ley del más fuerte, o del más sabio, o del más importante, o el más poderoso, etc.



(Esquema extraído de la mediación de conflictos)


Para superar las posiciones iniciales, hay que tener en cuenta también las emociones y los afectos, ambos muy ligados a las percepciones subjetivas. Por lo tanto las subjetividades -cómo uno se ve a sí mismo y cómo cada uno cree ser percibido por el otro- conforman la relación.

Al impulsar y desarrollar el trabajo conjunto suelen aflorar distintas cuestiones que conviene tener presentes y trabajar:

1. Conflicto: como oportunidad de cambio. Es un indicador de que algo no anda bien, normalmente ese algo tiene mucho que ver con la relación entre los actores inmersos en el conflicto. La relación es un proceso dinámico, co-construido por sus participantes quienes, por tanto, tienen la responsabilidad y la capacidad para transformarla y moldearla hacia el beneficio de todos. Bajo este concepto de conflicto, éste es necesario en la relación y el trabajo conjunto, como instrumento de trabajo hacia la efectividad.

2. Co-construcción: construir entre varios significa sumar aportaciones, pero a su vez requiere grandes dosis de capacidad inclusiva, respeto y capacidad de escuchar. La co-construcción, tal como nosotros la entendemos, requiere las aportaciones de todos los participantes, por lo que es necesario saber respetar la participación de cada uno. Para ello ayuda reconocer el origen de cada aportación, el rol del participante y la importancia de todos los saberes o conocimientos: técnicos, vivenciales, de gestión, organizativos, etc.

3. Combinación entre identidad colectiva e identidad individual, entendidas como:

  • Identidad colectiva: para cualquier intervención social es un reto promover la identidad colectiva, puesto que actualmente vivimos un momento en el que al ser humano se le añade un momento social muy individualista a su naturaleza egoísta. Esto supone una gran contradicción con el objetivo de la intervención social de cualquier metodología. Nosotros creemos que el reto está en la compaginación de ambas identidades, la individual y la colectiva. Muchos han sido los movimientos que intentan subyugar la una a la otra, nosotros creemos que la cuestión está en saber hacerlas compatibles. Ambas son necesarias en cualquier proceso de transformación social
  • Identidad individual: concepción de uno mismo. En ella tienen cabida los sentimientos personales acerca de cómo se quiere ser, qué se desea hacer, hacia dónde se desea andar, etc. Percepciones acerca de cómo le ven a uno y cómo le gustaría que le vieran, son una referencia en la construcción de dicha identidad individual, y en esta construcción aparecen muchas contradicciones que tienen mucho que ver con el contexto y realidad en que se viva y, por tanto, con la percepción de identidad colectiva que uno pueda desarrollar.

En definitiva, y para concluir, el trabajo conjunto permite obtener resultados compartidos y por lo tanto duraderos, a la vez que en sí mismo constituye una forma de impulsar el sujeto activo, potenciar la autonomía y el reconocimiento del otro.


Notas:

(1) Comunidad y cambio social. Madrid: Ed. Popular, 2001.
(2) Comunicación, personalidad y desarrollo. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1995.

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