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jueves, 23 de febrero de 2017
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La mediación comunitaria: el rol de los agentes sociales
14/ago/2004

Jordi Gasull. Insertor laboral. Secretario de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya (CONFAVC)

La condición de animal sociable que, desde Aristóteles, el hombre luce y desarrolla comporta un despliegue referencial de hábitos  y normas de conducta grupal con la intención que la conflictividad de intereses entre sus miembros y grupos de la comunidad no se convierta en un factor de destrucción de la propia estructura grupal o social. El mayor o menor grado de obertura y permisividad de estas sociedades, la mayor o menor relevancia del individuo con relación al grupo, constituyen las referencias de base del ordenamiento social y generan el conjunto de valores, los cimientos etiológicos, sobre  los que se sostiene la vida social, individual y colectiva.

Es evidente que, sea cual sea el modelo, la intervención de los grupos comunitarios se produce inevitablemente en diferentes planos de actuación: la generación y la transmisión de la norma y de los valores, el control y la contención de las situaciones de conflicto, y finalmente en la solución directa o delegada del mismo conflicto. En nuestras sociedades, que nosotros consideramos avanzadas, donde las opciones individuales casi siempre son competitivas respeto a los demás, son permanentemente exaltadas como valor de prestigio social por el poder mediático de la publicidad, la función de control, contención  y la prevención del conflicto delegada siempre a los sistemas públicos de justicia y seguridad. El aumento de la inseguridad ciudadana por la proliferación de conflictos y delitos han disparado las alarmas de la opinión pública, fenómeno que ha justificado el crecimiento de empresas privadas de seguridad. La presencia de estos factores de disuasión, de coerción, y de posible represión es con frecuencia la única referencia de comportamiento para un amplio número de individuos que luchan por una subsistencia cotidiana con el convencimiento que todo vale.

La sociabilidad de las personas, en estas sociedades de exaltación individualista y consumista, pasa con más frecuencia por las leyes y dinámicas de grupos de afinidades electivas, autorreguladas, que no por el núcleo familiar, como célula básica de convivencia. Las posibilidades que se generen situaciones de  tantos grupos tantas leyes, son ilimitadas, como son ilimitadas las posibilidades de situaciones de conflicto de intereses y normas.

La delegación de funciones a las estructuras públicas, o la aceptación ciudadana de la existencia de cuerpos privados de seguridad, responde cada vez más a la impotencia de los individuos y de los colectivos familiares para prevenir, regular o resolver positivamente los comportamientos sociales de los otros individuos o grupos. La cantidad de adrenalina que hemos de ingerir cada día para innumerables cuestiones de conflictos urbanos generados por los ruidos de los vehículos, de las músicas, de los hábitos nocturnos de ocio, por el uso inadecuado de los espacios públicos, por la ubicación de actividades molestas. Etc. Conflictos que se presentan irresolubles para la ciudadanía en tanto que suelen prevalecer los intereses económicos no siempre justificables para el bien común. La cantidad de adrenalina, decimos, que nos vemos obligados a digerir podría explicar los estallidos de violencia masiva airada, sobre el primer chivo expiatorio que se presenta, a veces sin una razón de peso. La demagogia interesada encuentra campos abonados en estas situaciones.

Nuestro sistema de relaciones sociales y laborales, basado en la especialización, está generando diferentes figuras de profesionales a quien delegar, privadamente o públicamente, el encargo social de resolver los conflictos y sus causas: los maestros, los psicólogos, los psiquiatras, los guardias de bario, los educadores sociales, los animadores sociales, los insertores sociales, los mediadores de diferentes especialidades, los asistentes sociales, y como ultima novedad acabada de importar de América del Norte, la figura del asesor o consultor. Da igual: la escalada del numero de conflictos es proporcional a la proliferación y aumentos de nuevos profesionales. Negar la utilidad y la necesidad de estos nuevos profesionales seria tan retrogrado como la comparación de nuestras sociedades con los vales idealizados de las sociedades primitivas. La sociedad humana avanza y se culturaliza en progresión constante. Eso es muy cierto. Pero, igualmente, estos progresos no pueden ser la excusa o la trágala para tener que admitir la conflictividad urbana y social como cuestiones ineluctables sobre las cuales ya trabajan las autoridades, los poderes públicos y los profesionales especializados.  No deja de ser conformismo y conservadurismo pensar que ya vivimos en el mejor de los mundos posibles.

La intervención de la comunidad, a través de las formas asociativas de autoorganizacion, puede resultar altamente eficaz en cualquiera de los tres niveles de actuación. Al afirmar esta utilidad no se piensa tanto en la complementariedad y subsidiaridad de los agentes sociales en relación con las actuaciones y programas de los poderes públicos. Negar la utilidad y la necesidad de estos nuevos profesionales sería tan retrógrado como la comparación de nuestras sociedades con los valores idealizados de las sociedades primitivas. La sociedad humana avanza y se culturaliza en progresión constante. Creo que hay que ser valientes en este tipo de apuestas, aunque las experiencias vividas hasta ahora no lo avalarían del todo. Seguramente, la participación ciudadana, la intervención comunitaria en la resolución de los propios conflictos, y esta constatación nos podría llevar a justificar posiciones conservadoras. La contradicción parece inherente a la condición humana de animal sociable y culturizados. Por esta razón las sociedades humanas no pueden renunciar al cambio constante, a la “revolución permanente”.

La escalada de las situaciones de conflicto y de delito, aunque la dedicación de más recursos a la seguridad y de más profesionales en la prevención, evidencia la necesidad del rol específico de los agentes sociales en la mediación comunitaria. El rol de las formas de organización social en las sociedades más cerradas o muy reguladas en cuanto a la permisividad y a la coacción ha sido suficientemente estudiado por la antropología social. Por el hecho de que afirmemos que nuestras sociedades son abiertas y valoramos predominantemente la libertad individual y  la permisividad de costumbres, no por eso hemos de dejar de considerar que las organizaciones comunitarias, vecinales, separadamente de los poderes públicos, no subsidiariamente sino en todo caso en paralelo, puede y deben de tener un rol equivalente. Las dificultades posiblemente no aparecen tanto en el hecho de la afirmación de la apuesta como en el hecho de encontrar las vías para ponerlo en práctica.

Las experiencias vividas en nuestro país, durante los poco más de veinte años de ayuntamientos democráticos, donde se han desplegado una amplia política social y de participación ciudadana, como mínimo por lo que se refiere a los planteamientos y a la puesta en marcha de los servicios, quizá no tan amplia en lo que se refiere a las dotaciones presupuestarias y a la coordinación de los diferentes recursos, habrían de servir de base para la renovación de las apuestas y las propuestas. Recuerdo como en los años setenta la reconversión de la psiquiatría clásica por los nuevos profesionales, partidarios de suprimir los muros de los manicomios, tenía un punto de apoyo en los Centros de Higiene Mental situados en las asociaciones de vecinos. Esta opción no se explicaba solo por la falta de ayuntamientos democráticos, sino también porque en aquellos años la autoorganización comunitaria era un valor añadido. Los resultados del trabajo realizado en el marco vecinal entonces y los resultados del mismo trabajo o similar dentro de un marco institucional después, no son cualitativamente los mismos. No eran ni mejores ni peores, sino diferentes. En este caso las diferencias de resultado estarían no tanto en las tareas de atención como en los programas comunitarios de prevención. Quizá el ejemplo y la distancia temporal no sirvan mucho en nuestro caso. Creo que resulta ilustrativo que las dificultades a superar por la implementación de nuevos programas, sobretodo si se compara con otros programas sociales que se han introducido ya desde la institución pública. Las otras experiencias que estarían en la memoria de muchos son casos puntuales de situaciones extremas vividas en los barrios que han sido conflictivos por el fenómeno de la droga. En todos los casos ha sido imprescindible la intervención de las personas y de las entidades con suficiente autoridad moral para establecer y hacer cumplir las pautas de comportamiento sociable.

En la dirección contraria al valor de estas experiencias, hay que situar los casos en que la asociación vecinal la que se ha puesto frente al conflicto. Las dos situaciones creo que son las dos caras del  mismo fenómeno.

El rol de los agentes sociales, especialmente de las asociaciones de vecinos como las más próximas a la población, es con frecuencia determinante en la solución de conflictos. La pregunta resulta inevitable: ¿por qué no tener a la comunidad permanentemente activa en la prevención de situaciones y en la resolución de problemas en el momento que estos apuntan, sin esperar a que sean más graves? La respuesta seguramente no la tiene nadie: ni los profesionales, que son los que podrían dar la respuesta, ni los vecinos que podrían ser los primeros interesados en ponerlo en practica, ni las administraciones, que no suelen avanzarse nunca a la población. La necesidad nos dará la oportunidad.

 

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