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sábado, 16 de diciembre de 2017
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EXPERIENCIAS
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Los Consejos Sociales de barrio: Una experiencia práctica sobre un modelo de participación compartida
11/ene/2008

Juan José Fernández y Gerardo Laguna. Educadores sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Servicio de Acción Social, con la categoría de educadores de calle, realizando su labor en CEAS (Centros de Acción Social ) de los servicios Sociales Básicos.

Este artículo pretende recoger la experiencia de dos educadores sociales que dentro del ámbito de la animación comunitaria, pretendieron perfilar, definir y orientar la participación social, desde una estructura como la de un Consejo Social de Barrio, “Bº España- San Pedro Regalado” de Valladolid.

Con un planteamiento de participación activa y compartida, cuestionado en ocasiones políticamente y que adquiere especial relevancia en este momento, esta experiencia que se desarrolló entre el 1991 y el 2002, está pendiente de una modificación del actual Estatuto Marco, que va a suponer un giro en la gestión de estos Consejos Sociales y en el modelo de participación que pretende impulsar el Ayuntamiento de Valladolid.


Desarrollo

La experiencia sobre la que queremos reflexionar en este artículo tuvo lugar entre el año 1991 y el año 2002 en estos barrios periféricos de la ciudad de Valladolid (Bº España – San Pedro Regalado), barrios situados al norte de la ciudad, con carencias importantes a todos los niveles, zona donde hablar de participación era hablar de resolver situaciones de necesidades elementales relacionadas con aspectos como el empleo, la formación, la salud, la vivienda o la ausencia de recursos. Barrios que a pesar de no tener resueltas sus necesidades más elementales (especialmente, Barrio España) en un porcentaje muy elevado de la población siempre contaron con colectivos y asociaciones tratando de dar salida y de solventar la problemática envolvente, consecuencia de un abandono histórico por parte de las Administraciones.

Incluso ya en sus inicios propició que entre los propios vecinos se organizaran de cara a levantar sus casas y urbanizar sus calles (alcantarillado, desagües, alumbrado público, etc.).

Es de reconocer que, a partir del año 1988, se produjo un incremento importante de recursos económicos y humanos desde el Ayuntamiento de Valladolid a través del CEAS (Centro de Acción Social), con la incorporación de educadores de calle, que generó un impulso importante en el desarrollo de proyectos socioeducativos, de forma especial en el sector de la infancia y la juventud.

Ya desde ese momento hicimos una seria apuesta por coordinar entidades, organizaciones y grupos de cara a la optimización de recursos, que desde diferentes lugares aterrizaban en un barrio que parecía ser banco de pruebas de numerosas iniciativas sociales, y que fraguó, entre otras, en una estructura de coordinación en torno a la educación y donde participaban colegios, AMPAS y equipos tanto de la Junta de Castilla y León, MEC (Ministerio de Educación en ese momento) y Ayuntamiento, y que denominamos “Proyecto Preventivo”.

Al amparo de esta plataforma coordinativa, con la obligatoriedad que marca la Ley 88 de Acción Social y servicios sociales y desde el rechazo que algunas AAVV de Valladolid mostraban a estos consejos sociales, por considerarlos como órganos que podría diezmar y mediatizar la participación de los vecinos, se decidió ubicar este Consejo Social en los barrios de España – San Pedro Regalado de acuerdo al Estatuto aprobado para su gestión por parte del Ayuntamiento de Valladolid el día 17 de mayo de 1990, quedando constituido como tal en el mes de marzo de 1991.

Este Consejo Social de barrio, como órgano de participación único en el Estado español y propio de esta comunidad castellanoleonesa, presenta peculiaridades propias que lo hacen diferente al resto de Consejos Sociales de la región, desarrollados por otros municipios.

El Consejo Social está compuesto por:

  • El concejal de área como presidente.
  • El personal técnico de CEAS, hasta un máximo de cuatro.
  • Un representante de cada una de las AAVV, sindicatos, asociaciones profesionales, juveniles, de voluntariado, de padres, de hogares de 3ª edad, etc.

Teniendo como órganos de funcionamiento el pleno, la comisión permanente y cuantas comisiones de trabajo se consideren oportunas. Al Consejo social de barrio le corresponden, entre otras, las funciones de impulsar la animación y desarrollo comunitario o sugerir programas de desarrollo de los servicios sociales básicos.

Una de las peculiaridades de este Consejo es que el cargo de presidente y vicepresidente, no son cargos elegibles, son de designación, y el presidente (concejal) delega sus funciones en un técnico de CEAS (presidente delegado).

Los técnicos de CEAS son considerados como miembros de pleno derecho, con voz y voto, al igual que el resto de colectivos. Por opinión de los profesionales de este CEAS, decidimos renunciar a los votos individuales y contar con un solo voto al igual que el resto de entidades.

Esta organización es la que hizo recelar inicialmente a muchas AAVV y a la propia Federación de Asociaciones de Vecinos, en cuanto al protagonismo que iban a poder tener en un órgano de participación de estas características.

Esta estructura de gestión delega mucho protagonismo al nivel técnico, pero entendemos que durante los años en los que desarrollamos nuestra tarea desde los cargos de presidente delegado y vicepresidente este Consejo social aportó más luces que sombras, dinamizando una comunidad compleja.

Otra de las peculiaridades de este órgano era contar con una gestión económica autónoma recogida en el Estatuto, desde el reconocimiento de su cuenta corriente y NIF, y donde la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid ingresaban anualmente las subvenciones, y el Consejo a través de la tesorería justificaba anualmente con sus proyectos y facturas. No obstante, tratamos de buscar un modelo de gestión más autónomo frente a las dos Administraciones, local y regional, con el objetivo de poder acceder a otro tipo de recursos o subvenciones, tratando de buscar una mayor independencia.

Esto no fue posible desde el argumento de que la Administración local es quien da la capacidad jurídica al Consejo Social, cuestión que limitaba el crecimiento de este órgano como entidad independiente.

Este Consejo Social durante estos años trabajó desde cuatro líneas de acción básicas:

a) Potenciación y desarrollo de los colectivos del barrio, ya que de nada sirve un Consejo Social fuerte si sus miembros carecían del protagonismo y dinamismo suficientes.

b) Desarrollo de acciones conjuntas como respuesta a problemas endémicos de la zona a través de proyectos específicos y acciones coordinadas.

c) Dotación de recursos materiales al servicio de los miembros de este Consejo Social.

d) Desarrollo de un sentido crítico y reivindicativo reflexionado y ofreciendo alternativas.

Desde un primer momento, como técnicos teníamos claro el modelo de Consejo que queríamos y los niveles de participación que pretendíamos llegar a conseguir; esto nos llevó a renunciar ya en un primer momento a los votos del CEAS, manteniendo tan solo uno como el resto de organizaciones en un claro intento de equiparar las cuotas de decisión o participación, y posteriormente a dar protagonismo desde la integración de los colectivos en los órganos de decisión, con capacidad plena e implicación total y absoluta.

La estructuración en base a comisiones de trabajo, posibilitó la implicación de todo el mundo en aquellas en las que se sintieran más vinculados, y posibilitó la participación de equipos, organizaciones y personas individuales (voluntariado endógeno), que no tenían cabida en el Consejo en base a los Estatutos aprobados.

Claridad, transparencia en la gestión y búsqueda constante de acercamiento entre asociaciones desde la información, formación, conocimiento y desarrollo de acciones conjuntas, y creando espacios de comunicación con el fin de generar un tejido asociativo fuerte y solidario.

Siempre se animó, y ofreció apoyo técnico y de organización, y me atrevería a decir que casi moral, en la responsabilidad que a algunas asociaciones o grupos con más dificultades, no acostumbrados a ello, les pudiera dar el participar y decidir sobre su propia comunidad y sobre sus barrios.

Es un Consejo que de alguna forma partía del principio de participar como “tomar parte de” no de “asistir a” que muchas veces se interpreta como participar, lo cual es una falacia que sólo sirve a determinados elementos con evidentes fines políticos.

La integración de asociaciones y colectivos de la zona como miembros de pleno derecho fue prácticamente absoluta y gracias a este órgano de participación y coordinación, con el paso del tiempo se demandó y se apoyó un proyecto europeo (Proyecto Urban) para estos barrios (1996-2000), donde los representantes elegidos democráticamente desde este Consejo Social tuvieron voz y voto en la toma de decisiones (comité de participación).

Otra cuestión es el caso que se les hizo en el desarrollo de las acciones más importantes.

La subvención que recibía anualmente este Consejo Social era entorno a los 3.000.000 de pesetas.

Toda la labor de planificación y evaluación se desarrollaba desde cada una de las Comisiones de trabajo: juventud, formación e información, deportiva, personas mayores, mujer, educativa y actividades culturales y festivas.

Desde estos grupos de trabajo se desarrollaron acciones concretas dirigidas a la población de estos barrios, entre las que cabría reseñar: dentro de la atención a personas mayores, la gimnasia de mantenimiento, talleres de manuales, jornadas socioculturales… En el ámbito de la infancia y la juventud, los campamentos de verano, urbanos, jornadas reivindicativas y formativas… En el espacio de la actuación con la mujer, los talleres, las jornadas de formación, las actividades lúdicas, actividades deportivas… En el campo comunitario también se elaboró un boletín informativo de carácter trimestral “Viva voz”, así como jornadas periódicas de formación para todos los responsables comunitarios.

También se desarrollaron proyectos específicos como el dirigido a minorías, el de adicciones o el de higiene y salud. Cada uno de estos grupos de trabajo se coordinaba a través de un responsable, con el seguimiento periódico de la Comisión permanente y los plenos (tres anuales), cada dos años se renovaban los cargos de la Comisión permanente, según los estatutos, de forma democrática entre los miembros de pleno derecho que así lo demandaban (excepto presidencia y vicepresidencia).

Este modelo válido para unos, acabó siendo cuestionado por parte de determinados responsables técnicos y políticos a quienes les generaba cierta incomodidad, argumentando como modelo que delegaba mucho poder en la comunidad y sus responsables, y sobre el cual había serias dificultades para controlar al nivel técnico. Se fueron argumentando éstas y otras falacias tales como que el Consejo Social sólo servía para redistribuir su presupuesto, como si fuera una subvención encubierta, que no era capaz de gestionar el gasto conforme a las decisiones del Pleno, o que el peso del poder político era escaso.

Toda esta argumentación teórica ha llevado a los consejos sociales de esta ciudad (dos) a un discurso evaluativo muy pobre, con el fin de arrinconarlo o eliminarlo y con una propuesta de gestión nueva que probablemente acabe por hacerlo desaparecer.

A este Consejo Social, en los últimos años se le ha forzado a modificar su dinámica en la toma de decisiones libre e igualitaria, por una gestión dirigida desde el nivel político utilizando a los técnicos para darle forma y donde la comunidad se limita a opinar sobre aquello que la Administración local considera bueno para ellos. Este es el nuevo modelo de desarrollo comunitario, apoyado desde este neoliberalismo que nos invade y donde el poder político decide cuáles son nuestras necesidades y cómo tenemos que resolverlas.

Otro aspecto a destacar es que hasta fechas recientes (2002) este Consejo Social estuvo siempre gestionado por profesionales de la educación (educadores sociales) que bajo diferentes denominaciones, animador sociocomunitario, educadores de calle, etc. han desarrollado su acción en una labor claramente socioeducativa.


Conclusiones y valoración

El modelo de Consejo Social que hemos vivido ha sido válido para un desarrollo comunitario compartido y comprometido, aunque entendemos que habría que dotarle de una mayor democracia interna a la hora de distribuir los cargos (presidente delegado y vicepresidente).

El nivel técnico nunca debe de sustituir al nivel político, ya que se corre el riesgo de delegar responsabilidades o condicionar la gestión en determinados profesionales que deben desarrollar otra tarea.

La autonomía de los Consejos Sociales debería de ser más amplia, posibilitando el acceso a otros recursos como alternativa a las subvenciones de las administraciones locales y posibilitando una mayor independencia y promoción.

Este modelo de intervención de abajo-arriba debe de dotar funcionalmente a los tres protagonistas de su espacio propio (político, técnico y comunidad), en un programa consensuado y compartido en función de las necesidades y siempre teniendo como norte los aspectos preventivos en la intervención socioeducativa.

La participación como un espacio educativo, nunca asistencial, desde un modelo de intervención que tiene mucho que ver con la investigación-acción y sus propósitos sobre la transformación social, la formación e investigación sobre una realidad concreta y la intervención, innovación y crítica sobre los modelos y acciones aplicadas. Esto es una idea factible a través de estos Consejo Sociales de barrio por recoger una parte de estos objetivos, una metodología participativa y de compromiso hacia todos los agentes sociales para el cambio.

Actualmente se va a aprobar en Pleno del Ayuntamiento de Valladolid un nuevo borrador que diezma y limita esta perspectiva de intervención descrita, esto unido al borrador de la nueva Ley de acción social y atención a la dependencia, en la que desaparecen o al menos se ignoran los Consejos Sociales de barrio como órganos de participación, y la desaparición de la figura de educador social (bajo la anterior denominación de animador comunitario) de los equipos básicos de los servicios sociales, da una perspectiva muy negativa y poco halagüeña sobre este modelo de participación, que desde estos educadores sociales tratamos de construir un instrumento útil, una herramienta ágil, participativa y promocional al servicio de la comunidad, del barrio y de los vecinos.

Con el nuevo borrador próximo a aprobarse en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid se modifica una parte importante de esta dinámica y nos lleva a un camino de difícil salida donde lo que prima son los principios de un absolutismo muy particular “algo para el pueblo pero sin el pueblo”.

Quisiéramos agradecer a todos aquellos que nos acompañaron en la idea de transformar la realidad hacia la utopía y que hicieron posible este artículo.

Valladolid a 27 de febrero de 2007.

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