Es tarde, pero es nuestra hora. (Propuesta motivada para el compromiso en un contexto global)

Número 25. EL TEMA: APORTACIONES. 3/8/2017
Autor: Lorenzo Salamanca García, Educador Social en el Ayuntamiento de Zamora.

RESUMEN

Titulamos este articulo con un verso del poema “Nuestra hora” del religioso y poeta Pedro Casaldáliga. Y lo hacemos así, porque quisiéramos ver este momento como una oportunidad para ejercitar nuestra profesión con frescura renovada. Se trata de unas reflexiones desde la periferia geográfica y económica, tratando de emular a tantos-as que han contribuido a promover el cambio desde abajo como la opción menos excluyente y más liberadora: Freire y Corzo. Finalmente, se sugieren algunas propuestas para la acción, unas son más generales y otras más dirigidas a los-as educadores-as sociales.

We titled this article with a verse from the poem "Our Hour" by the religious and poet Pedro Casaldáliga. And we do that, because we want to see this moment as an opportunity to exercise our profession with renewed freshness. All are reflections from the geographical and economic periphery, trying to emulate people who have contributed to promote change from below as the least exclusive and most liberating option: Freire, and Corzo. Finally, some proposals are suggested, some of them are more general and others are aimed to social educators.

PALABRAS CLAVE
Estado del Bienestar Compromiso y educación social Crisis Neoliberalismo Desarrollo sostenible


 

1. UNA TOMA DE CONCIENCIA DEL MOMENTO ACTUAL

Aunque se trata de una toma de conciencia sujeta a la subjetividad de quien escribe, considero, no obstante, que los rasgos que se presentan a continuación pueden servir para una aproximación certera al momento que nos ha tocado vivir.

 

1.1. Se impone el tener

A finales de los años setenta y principios de los años ochenta del siglo pasado se impone en nuestro país el estilo de vida del neoliberalismo, durante un periodo que se extiende hasta 2007, momento en que se inicia la gran recesión. Durante este periodo, millones de personas se sienten más identificadas con los estilos de vida, las preocupaciones y los proyectos de una élite inalcanzable (Rendueles, 2015).

Esta forma de vida será una de las razones que contribuirá a la crisis del proyecto europeo: el gasto estatal excesivo produjo niveles insostenibles de deuda y un déficit que amenazaba el bienestar económico, surgiendo así la llamada “crisis del euro”, que estalla en Europa a comienzos del 2010. Para afrontarla se impuso la solución neoliberal de Alemania, que defendía bajar los salarios y recortar seriamente el estado de bienestar. Con ello se estaba priorizando, una vez más, el dinero sobre las personas. Las soluciones impuestas produjeron cifras exorbitantes de parados, un aluvión de desahucios en países que contaban con abundancia de viviendas desocupadas y cientos de inmigrantes muriendo a las puertas de Europa. Y todo ello, mientras se generalizaba un modelo consumista en el que todo era sometido al mercado, incluso bienes esenciales que deberían ser comunes (Calderón y Sols, 2014).

Como consecuencia, se han incrementado, como nunca antes en la historia de la humanidad, las diferencias entre ricos y pobres, provocando que nuestra sociedad sea, cada vez más, dual (Sebastián, 2005). En un plano más internacional, podemos afirmar que la desigualdad entre Occidentes y el resto del mundo es mayor de lo que era cuando termino el colonialismo (Oxfam, 2016).

A lo anterior, hay que decir que, actualmente, las personas más influyentes del mundo son las que acaparan mayor riqueza, y los-las pobres (parados-as, mujeres con cargas familiares, inmigrantes, ancianos-as, niños-as, etc.) van a ser vistos por los-las ricos-as como una amenaza (Cortina, 2017).

Esta preocupación por tener más en el menor tiempo posible va a ser uno de los detonantes de la corrupción en la vida pública; ignorando el espíritu de servicio, que debería ser la nota característica (Kaizer, 2012).

 

​1.2. La preponderancia de la tecnología.

Nuestra época está marcada por el auge de la tecnología: Lo que a comienzos del siglo XX era ciencia ficción (Verne, Orwell,…), hoy es una realidad evidente. En el pasado, el aumento de los puestos de trabajo iba parejo con el aumento de la productividad, pero hoy los robots, la automatización y el software son capaces de sustituir a muchos-as trabajadores, lo que provoca, como consecuencia, un aumento del paro, sin que descienda la productividad (Brynjolfsson y McAfee, 2013).

Sin embargo, este desarrollo tecnológico es desigual de unos territorios a otros (Dutta, Geiger y Lanvin, 2015): de los diez primeros países con mayor desarrollo tecnológico, siete son europeos. Esto nos lleva a concluir que la tecnología puede contribuir, al desarrollo y bienestar de unos territorios y a la marginación de otros, al no expandirse su desarrollo por igual. Así, por ejemplo, en el continente africano nos encontrarnos los diez países más pobres del mundo, pobreza que va asociada, entre otros indicadores, a un desarrollo tecnológico deficiente. Del mismo modo, hay territorios en los países desarrollados, como son las zonas rurales menos pobladas, donde el acceso a internet aún hoy sigue presentando muchas deficiencias.

Dentro de este desarrollo tecnológico, las TIC han pasado a ser un importante potencial transformador, al permitir traspasar grandes cantidades de información a cualquier persona. En este sentido, por ejemplo, conviene recordar la profunda transformación que están aportando las TICs al ámbito de la educación, las cuales son un rico elemento metodológico para la innovación y renovación pedagógica para muchos-as docente (Sola y Murillo, 2011), al tiempo que permite compartir dichas experiencias (Bona, 2016). Algo parecido podríamos decir también de las TICs respecto al campo de la sanidad, donde el acceso a diversa información relacionada con su salud ha supuesto un empoderamiento de los-as pacientes (Yáñez, 2017).

Sin embargo, la tecnología nos ha evidenciado una vulnerabilidad de la que nos creíamos exentos con su uso, como lo prueban varios ciberataques a escala mundial sufridos en los últimos meses y que han afectado a decenas de empresas. Además, como consecuencia del uso desmedido de las nuevas tecnologías, como es el caso del teléfono móvil en los-as adolescentes, han aparecido nuevas adicciones, que ya están siendo tratadas terapéuticamente (Villanueva, 2017).

 

 

 

​1.3. El desmantelamiento del Estado de Bienestar.

El pensamiento neoliberal que se ha impuesto en occidente, aboga por el desmantelamiento del estado de bienestar y la instauración de un modelo social basado en el capitalismo real, con un mercado globalizado (Uroz, 2010). Así mismo, defiende un “estado mínimo” (Mises, 2007), que llevaría a cabo - de manera subsidiaria- aquellas actividades que, por ser poco competitivas, no le interesan a la empresa. En este contexto, se inician procesos de privatización de actividades que son rentables, como ha ocurrido, por ejemplo, con la sanidad (Sánchez, 2013), con la educación, sobre todo, la universitaria, incrementándose el número de plazas privadas respecto a las públicas (Larroy, 2015), así como también con los servicios sociales, donde viene dándose una lenta, pero progresiva privatización de muchos de los servicios sociales en nuestro país (Lima, 2015). Junto a lo anterior, se produce también una reducción sin precedentes de la inversión pública en dichos servicios (sanidad, educación y servicios sociales), lo que ocasionará aún más graves perjuicios (La Sexta, 2014).

Esta crisis del estado de bienestar se ha dado pareja a la crisis de la propia clase obrera, pues cuando el temor a la pérdida de empleo es grande la gente acepta con más facilidad renunciar a sus derechos y olvidarse de sus reivindicaciones (Albert, 2011); de las fuerzas de izquierda, así como un debilitamiento del poder transformador de los sindicatos (Surio, 2017).

Sin embargo, el hecho de que la población sea cada vez más longeva, así como la necesidad de asegurar un reciclaje formativo y laboral a tantas personas que han sido apartadas del mercado de trabajo por el incremento del paro y la precarización laboral, va a requerir más inversiones en sanidad, dependencia y en formación. Algo que choca seriamente con las políticas de recortes que se han ido imponiendo al amparo de la crisis económica.

 

​1.4. El problema ecológico.

La constatación del cambio climático y sus consecuencias representa una doble amenaza. La primera es inmediata: afecta ya al desarrollo humano y lo está empezando a sufrir la población más pobre del planeta:

  • Las recientes emisiones de origen antropógeno de gases de efectos invernadero son las más altas de la historia y los países desarrollados representan siete de cada diez toneladas de CO2 emitidas (IPCC, 2014).

  • El cambio climático puede traer consigo un aumento de los riesgos para la salud, como consecuencia, entre otros, de fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor. Los sectores de población más sensibles a estas amenazas serían las personas mayores. Además, existe el riesgo de instalación de vectores subtropicales adaptados a sobrevivir en climas menos cálidos y más secos (Greenpeace, 2009).

  • Se estima que se pierden 5,2 millones de hectáreas de bosques al año. Están disminuyendo las especies en general, tanto en sus cantidades como en su distribución. La escasez de agua afecta al 40% de las personas en el mundo y se estima que esta cifra aumentará, con los consiguientes conflictos al respecto. Asociado a lo anterior, las presiones migratorias se acentuaran aún más (Naciones Unidas, 2015).

No deberíamos olvidar que somos interdependientes, lo que debería llevarnos a un replanteamiento ético que desembocara en una ética de la compasión universal que promueva que todos los seres humanos puedan vivir con dignidad, cuidando a los más débiles como si de nosotros mismos se tratara.

La segunda amenaza del cambio climático se encuentra en el futuro, y afectará a toda la humanidad. La noción de “bien común” incorpora también a las generaciones futuras (Carrera y Puig, 2017).

En cuanto a los compromisos para abordar los problemas sistémicos respecto al cambio climático que ya detectaron en 2010, se observan avances desiguales hacia los objetivos para 2020, y serán necesarios nuevos esfuerzos en pos de la visión y las metas para 2050 (AEMA, 2015). Por todo ello, es urgente abordar el problema ecológico como un problema de justicia planetaria.



 

2. APORTACIONES PARA EL COMPROMISO TRANSFORMADOR.

En relación al análisis descrito en el apartado anterior, reseñamos algunas ideas que incentiven el compromiso para un cambio global más justo.

 

​2.1Frente al tener, vivir más sencillamente para que todos puedan vivir.

Numerosos-as pensadores-as han criticado seriamente esta preocupación por el tener, estimulada por las políticas neoliberales, y que va asociada a un estilo de vida de marcado acento individualista, haciendo que nuestra vida se desarrolle dentro del circulo trabajo, dinero y consumo, del que no es fácil escapar (Fromm, 1995; Bauman, 2002, Camps, 2007 y Rojas, 2012). Para romper ese círculo vicioso es necesario, en primer lugar, tomar conciencia de ello y, a continuación, orientar nuestra vida, considerando la idea de que el ser humano necesita de los otros, por lo que deberíamos apreciar el bienestar y la felicidad que se sustenta más en las relaciones sociales que en la posesión egocéntrica de bienes materiales (Goleman, 2006). A ello habría que añadir que todos los hombres y mujeres somos iguales: con los mismos derechos y la misma (Naciones Unidas, 1948) y ello debería ser la base de una ética de mínimos (Cortina, 2010).

En el momento actual parece que la crisis hubiera desatado una desafección hacia los-las pobres porque rompen las reglas del mercado de dar y recibir (como si ellos-ellas no pudieran dar). Ante esta situación, por debajo de los umbrales de la justicia, son necesarias personas excelentes, desde un punto de vista ético, en los órganos de decisión sociopolítica (Cortina, 2017 y Valle, 2017), al tiempo que un mayor protagonismo de la sociedad civil (Pérez- Díaz, 2017).

Por otro lado, la filosofía neoliberal del tener ha avalado en la vida pública española multitud de casos de corrupción, que habría que prevenir (Rivero y Fernández- Vázquez, 2011; Molinas, 2013 y Francés, 2013):

  • Reduciendo el número de personas con designación política y apostando por funcionarios-as de carrera. Actualmente los partidos tienen colocados alrededor de unas 150.000 personas, todas ellas contratadas “a dedo”, número que ha sufrido un incremento desde que empezó la crisis.

  • Dando más poder al-la funcionario-a que controla al político, reforzando a nivel local el papel de los secretarios-as e interventores-as, así como garantizando el anonimato del funcionario-a que pudiera realizar alguna denuncia al respecto.

  • Agrupando municipios pequeños, con el fin de evitar el clientelismo y aumentar la transparencia.

  • Impulsando una ley de partidos políticos, que favorezca un mayor control de sus actividades y garantice la democracia dentro de los mismos. Además habría que valorar dentro de los mismos la ejemplaridad y el talento, eliminando de sus listas personas que hayan estado procesadas.

  • Implantando las listas abiertas y desbloqueadas, lo que establece una relación más directa entre el-la representante y el-la representado-a: el-la primero-a tiene que rendir cuentas ante el-la segundo-a para que pueda volver a ser elegido-a. Y además, aumenta la capacidad de decisión de los ciudadanos-as, que va más allá de elegir a un partido político. Sería también necesario limitar el tiempo de permanencia en cargos públicos a no más de 8 años (o dos legislaturas).

  • Eliminando los aforados-as: en España existen alrededor de 10.000 personas que cuentan con ese privilegio, frente a otros países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, donde no hay ninguno-a.

  • Mejorando la ley de transparencia actual (Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), pues parece más bien una ley de mínimos, ya que se establecen una serie de límites relacionados con diversos campos como: la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la protección del medio ambiente, etc. Por otro lado, se trata de una ley que no contó con el consenso imprescindible de todos los representantes del parlamento.

  • Fomentando la cooperación y responsabilidad de las empresas: debería ser obligatorio informar sobre las relaciones comerciales que se mantienen con organismos e instituciones públicas, así como de las ayudas y subvenciones públicas que se hayan recibido.

  • Regulando las subvenciones a organizaciones sociales. La concesión directa o subvención nominativa debería ser algo excepcional, tal como ya establece la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

  • Dotando de más medios a la judicatura y fiscalía con el fin de perseguir y enjuiciar con prontitud los delitos relacionados con la corrupción. En ningún caso, ambas figuras deberían obstaculizar ese trabajo, algo que en ocasiones ha quedado en entredicho en nuestro país, incluso por los-las propios-as jueces y fiscales, ante la existencia de presiones por parte del poder político sobre ambas figuras.

Frente a la dependencia del tener, habría que poner en valor un estilo de vida más sobrio, que implica vivir necesitando menos cosas. Es esta una opción que han elegido personas relevantes como el ex presidente de Uruguay José Mujica (Galván, 2015), la escritora Ángeles Caso (Caso, 2012), el escritor José Luis Sampedro, etc. (García, 2015). Esta forma de vida contribuye a reforzar la dimensión espiritual del ser humano, que nos diferencia de otros seres vivos, sin que ello implique pertenecer a una religión determinada, aunque se trate de una idea subrayada por las grandes religiones del planeta: la constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento (Naht, 2012). Esta idea viene reforzada por un estudio de P. Piff y J. Stellar, psicólogos de la Universidad de California en Berkeley, en el que concluyen que las personas ricas tienden a ser menos empáticas y sensibles hacia los problemas de los demás, volviéndolas desagradables o francamente malas (Santana, 2012).

 

2.2. La tecnología es un medio, no el centro de nuestras vidas.

Si observamos nuestras sociedades, éstas parecen cada vez más duales: mientras por un lado están los-as que acaparan los adelantos de la ciencia, la medicina y la tecnología, por otro están los-as excluidos-as u olvidados-as por la suerte de aquellos-as. Y se trata de una dualidad difícil de romper, porque la parte que está bien no quiere cambios, ni está dispuesta a entrar en ninguna negociación con la parte que esa mal: El desarrollo tecnológico impulsado por el capitalismo actual reproduce la dualidad que debería que corregir (Skidelsky, 2012). Son grandes corporaciones, movidas por intereses de mercado, las que respaldas este auge tecnológico. Sin embargo, el desarrollo tecnológico debería tener unos límites, que deberían estar marcados por la sostenibilidad del planeta (Bernal, 2006).

Por otro lado, actualmente la tecnología está prácticamente presente en todos los momentos de nuestra vida, aunque cada persona elige el protagonismo que le da. Como consecuencia de la digitalización de la información, hay estudios que hablan de que estamos sobrecargando nuestra capacidad de procesar y almacenar información, lo que conlleva una pérdida de capacidad de autoanálisis y de reflexión. Es necesario asegurar el espíritu crítico y de la capacidad creativa del ser humano en el uso de las TICs y es en esto donde la labor de profesionales vinculados a la educación será imprescindible (Eco, 2007).

Así mismo, deberíamos preguntarnos si no estamos generando una generación de la sobre estimulación, del no permitir que el niño se aburra ni un instante, contrariamente a lo que ha sido una de las características en la vida de los grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia: ellos-as centraron su atención en una tarea hasta concluirla, potenciando así el autoanálisis (Canto, 2017).

Finalmente, no podemos pasar por alto lo que suponen los avances tecnológicos en relación con campos como la biotecnología y la biomedicina: control de la muerte, clonación, transgénicos, reproducción asistida, trasplantes de órganos, manipulación genética, experimentación con embriones, etc. En este sentido conviene conciliar desarrollo tecnológico y dignidad humana, desde una actitud de modestia y colaboración, sin caer en el dogmatismo de otras épocas, abriendo procesos de deliberación, de ahí la importancia del pensamiento filosófico y la bioética, en particular (Sádaba, 2009).

 

 

​2.3. Frente a la crisis del estado de bienestar local, la defensa del estado de bienestar global.

En los países desarrollados en los que se expandió el estado de bienestar tras la segunda guerra mundial, el estado tenía un papel redistributivo y corrector de la desigualdad generada por la economía de libre mercado. A partir de 2008 lo que el estado de bienestar significaba se ha ido difuminando por los recortes en gasto social, por la privatización de sectores hasta entonces públicos y por la imposición de políticas de austeridad.

El modelo de desarrollo actual conlleva que ¾ partes de la humanidad sufran, así como también el medio ambiente. Por todo ello, en sintonía con las ideas de interdependencia y bien común nos atrevemos a sugerir actuaciones que deberían tenerse en cuenta para configurar lo que hemos denominado un estado de bienestar global, considerando la tierra como una “aldea global” (Mcluhan y Powers, 2015):

  • Numerosos estudios que manifiestan que podemos estar en un momento mucho peor que al inicio de la crisis económica en 2009, siendo muy probable que aumente la bolsa de exclusión (FOESSA, 2016), y esto a pesar del inicio de la recuperación del crecimiento económico y el optimismo de nuestros-as gobernantes. Por todo ello, nos parece importante recuperar las propuestas que Cáritas Española hacia a los partidos políticos con motivo de las últimas elecciones generales (Caritas, 2015), por ser seguir estando aún vigentes:

    • Garantizar una renta mínima de ciudadanía para todo el territorio nacional, que corrija la pobreza extrema de millones de personas y que tenga una duración indefinida, mientras se mantenga la situación que ha motivado la concesión de la misma. En la actualidad los baremos son diferentes de una comunidad autónoma a otra, así como el tiempo de prestación.

    • Garantizar el acceso a la salud a todas las personas. A partir del 2012, con la entrada en vigor del Real-ley 16/2012, de 20 de abril, el principio de universalidad en el sistema público de salud deja de ser aplicable y se pasa a un modelo de protección, que abarca sólo a aquellas personas que estén cotizando por su trabajo, incluyendo junto a estos a la figura del-la beneficiario-a. Queda excluida de esta prestación la población inmigrante en situación irregular, que sólo tendrá derecho a prestación de asistencia sanitaria en casos de accidente o enfermedad grave hasta su completo restablecimiento. Así mismo, tendrán asegurada también la asistencia sanitaria, dentro del colectivo de inmigrantes ilegales, los-las menores de edad y las mujeres durante el embarazo, parto y postparto. Esta regulación nacional ha sido aplicada de distinta manera en los diversos territorios autonómicos: por ejemplo, mientras en Madrid se aplica lo regulado por el Gobierno, en Andalucía se exige un periodo de empadronamiento para acceder al sistema público de salud y en Valencia han creado un acceso paralelo, mediante la introducción de una tarjeta sanitaria para personas inmigrantes en situación irregular. Con todo ello, se estaría rompiendo el principio de igualdad en la aplicación de la ley, favoreciendo una disparidad en cuanto a la aplicación de la norma ya de por sí injusta, tal como han señalado diversas organizaciones que trabajan con inmigrantes en nuestro país (Red Acoge, 2015).

    • Asegurar el derecho a una vivienda digna y adecuada. La PAH (plataforma de afectados-as por la hipoteca) surgió con la crisis en Barcelona en 2009 y tratan de luchar por asegurar el derecho a la vivienda que garantiza nuestra constitución en su artículo 47 y que para muchas familias sigue siendo papel mojado, por su incumplimiento. Con fines similares, han ido surgiendo otras plataformas en otras ciudades como: Plataforma de abusos urbanísticos No (en Valencia), plataforma de vivienda joven Ya (en Gijón), Murcia no se vende, etc. Todas las plataformas han promovido una iniciativa legislativa popular, con el fin de que se hiciera una ley de vivienda justa que incluyera varias propuestas (PAH, 2017):

      • Es preciso asegurar mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda ante la hipoteca de una vivienda, cuyos pagos muchas familias no pueden afrontar regularmente por la crisis.

      • Garantizar un alquiler asequible y estable, ampliando a un mínimo de 5 años y/o favorecer formulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia.

      • Establecer una moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda.

      • Incrementar el parque público de vivienda e incentivar desde los ayuntamientos alquileres sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar.

      • Garantizar el que no se corten suministros básicos de agua, luz y gas de aquellas familias con escasos recursos económicos.

  • Ante un estancamiento de la población en el mundo desarrollado, lo que conduce a territorios enormemente envejecidos y que, paulatinamente, van quedando deshabitados (Molino, 2016), estimamos que la inmigración podría ser vista como una riqueza (Magriñà, 2006) y no una amenaza: en la actualidad se llega a satanizar a los refugiados y solicitantes de asilo como potenciales terroristas, tal como señalan diversos grupos nacionalistas de extrema derecha europeos (Frente Nacional en Francia, Alternativa para Alemania en Alemania o el Brexit como movimiento más global en el Reino Unido). Tal vez entendamos la riqueza que la inmigración debería ser para Europa (y por tanto, también para España) si pensamos en lo que ha ocurrido en otros países: sin los inmigrantes ni EEUU, ni Canadá, ni Australia estarían entre los países más ricos del mundo.

En muchas de las detenciones llevadas a cabo en Europa recientemente por posibles vínculos con el radicalismo islámico, nos encontramos a jóvenes nacidos en el territorio europeo de padres inmigrantes, pero con los que ha fallado su integración social: suelen habitar en los suburbios de ciudades importantes, donde se asentó su familia, y han ido sustituyendo por redes y relaciones transnacionales con sujetos afines ideológicamente la no pertenencia nacional (Cano, 2009). Esta política de integración con la población inmigrante también viene siendo ampliamente cuestionada por lo que se refiere al tratamiento que se les dispensa en los CIEs (centros de internamiento de extranjeros) (SOS Racismo, 2015).

Podemos concluir, que las formas de afrontar el drama de la inmigración y los refugiados-as son una respuesta hipócrita, pues buscan -ante todo- proteger nuestro bienestar, más que dar respuesta al problema: las medidas policiales no son solución, mientras no trabajemos en occidente por una integración real, al tiempo que no tienen justificación diversas formas de intervención militar en países ajenos (Zizek, 2016).

 

Esperando una oportunidad de Daniel espada cerón en flickr

 

  • En un mundo globalizado como el actual, donde los mercados tienden a favorecer desproporcionadamente a los más poderosos, hacen falta mecanismos de solidaridad, compensando los desequilibrios, algo que se agrava en el momento actual, pues vivimos una crisis de refugiados-as y migratoria, que afecta a más de 60 millones de personas en todo el mundo. En la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en julio de 2015 en Addis Abeba, los países firmantes vuelven a marcarse el compromiso de destinar el 0,7 % del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo. Este compromiso que se estableció por vez primera por la ONU en 1980 es cumplido en la actualidad por seis países: Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia. En España, la ayuda oficial al desarrollo viene sufriendo recortes desde el 2010, habiéndose reducido en torno a un 40%, situándose en torno al 0,13 % del producto interior bruto. A esto hay que añadir que casi la mitad del presupuesto de 2016 en ayuda al desarrollo en España iba destinado a financiar obligaciones que nuestro país tenía con los organismos multilaterales de los que es miembro. Paradójicamente, durante el periodo de la crisis, sí se han incrementado las ayudas en forma de créditos, que han llegado a un 15 % de la ayuda oficial al desarrollo, muy lejos del Pacto de Estado contra la Pobreza de 2007, que señala que este tipo de cooperación no debería superar el 5% del total. Todo esto ha sido muy criticado por diversas organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional en España (Coordinadora ONGD, 2012).

En este sentido, podemos afirmar que una eficaz y bien dotada ayuda al desarrollo frenaría buena parte del flujo migratorio existente, pues la gente que emigra desde los países pobres no lo hace por gusto: huyen de la miseria, de la enfermedad, del hambre, de la guerra, etc. No olvidemos que las diferencias entre países ricos y pobres son hoy mayores que nunca antes (Mar, 2011).

  • A lo largo de estos años hemos asistido a varias reformas educativas en nuestro país. Somos conscientes de que una educación que aliente comportamientos individualistas y competitivos, entronizando el consumismo, solo contribuye a alimentar el modelo antropológico del capitalismo actual (Marcuse, 2010). Por ello, es necesario preguntarse en cada reforma educativa el qué y el para qué, y no sólo el cómo. En la actualidad pareciera que los debates educativos están más centrados en esta última cuestión, dando por sentadas las respuestas a los dos primeros interrogantes (Díaz- Salazar, 2016). Desde nuestro punto de vista, la innovación en la escuela tendría que ir acompañada de una visión sistémica que favoreciera una verdadera transformación, ya que si no estaríamos ajustando la innovación a las pautas ya establecidas, lo que no contribuiría a ninguna mejora.

  • Si tenemos en cuenta que las grandes declaraciones éticas han sido motivadas y elaboradas después de graves crisis de inhumanidad, hay autores que propugnan en nuestros días la necesidad de una “ética mundial” que promueva que todos los seres humanos puedan vivir con dignidad, en el marco de una sociedad ecológicamente sostenible (Martínez, 2005, Kung y Kuschel, 2006 y Gifford, 2012).


 

3. ALGUNAS PRIORIDADES PARA EL EDUCADOR SOCIAL.

Indicamos a continuación algunos subrayados que consideramos esenciales para que el educador social contribuya, desde su quehacer, a este cambio global, en sintonía con las propuestas enunciadas anteriormente:

  • En España hay un nivel de asociacionismo y participación política muy bajo: está por debajo de la media europea que se sitúa en el 45 %. Los grandes partidos, sindicatos y organizaciones han ido perdiendo miembros y capacidad de movilizar (Coscubiela, 2014). Además hay un componente sociológico importante: quienes más se asocian son las personas de las clases altas (Rendueles, 2013). Un reto de los-las educadores-as sociales es ser proactivos, animando procesos de empoderamiento con diversos colectivos, en la defensa de sus derechos (de la escuela pública, de la sanidad pública, contra los desahucios, contra la violencia de género, contra el maltrato animal, del medio ambiente, etc.) (Bacque y Biewener, 2016). Algunos de estos procesos de movilización pueden transcender el ámbito local o nacional, por ejemplo, cuando se trata de reivindicar ante grandes corporaciones o multinacionales (Romero, 2009).

Por otro lado, el-la educador-a deberá generar en su trabajo procesos participativos, a la par que intensifica el trabajo en red con otros-as profesionales, pertenecientes a otros perfiles profesionales y/o a entidades diversas. Ello supone establecer acuerdos de actuación básicos y desarrollar protocolos de trabajo colaborativo, señalando prioridades y opciones básicas (Ballester, Orte, Oliver y March, 2004).

 

Marea Naranja en flickr

 

  • La infancia es el grupo más vulnerable en relación a la crisis económica en nuestro país (Macià, San Luis, Espinosa, Ochaita, Lorenzo, García, Dios y Noreña, 2010): uno-a de cada tres niños-as en España vive en situación de pobreza , España es segunda en el ranking de pobreza infantil de la UE (por detrás de Rumania), el 80% de los-as niños-as pobres lo será de adulto, el riesgo de sufrir pobreza y exclusión se da más en las familias con hijos-as a cargo, etc. Todo ello debería llevar a priorizar una intervención educativa con menores y adolescentes en situación de riesgo (Velaz de Medrano, 2002; Valverde, 2002; Martínez, 2006; Picornell, 2006; Oña, 2010; Santibáñez y Martínez-Pampliega, 2013). En este aspecto, conviene resaltar diversas experiencias educativas que se vienen realizando en nuestro país desde la metodología de la educación de calle, con seriedad y eficacia (Quintanar, Blanco y Garcia, 2010; Diez, 2017 y Salamanca, 2017).

  • Otro campo importante donde consideramos que la presencia de los-las educadores-as sociales debería jugar un papel relevante es el de educar para la igualdad: en el mundo laboral las mujeres ganan un 35% menos que los hombres (Jorrin, 2017), vivimos en una cultura en la que abundan expresiones y prácticas de micromachismo (IES Diego de Siloe, 2017), en la violencia de género nos encontramos que cada vez hay más menores maltratadores (Álvarez, 2016), etc. En esta línea subrayamos experiencias como la de Marina, una educadora social que ha sufrido violencia de género, ha superado este problema y ahora trabaja por la igualdad, utilizando en la motivación hacia el cambio de la gente con la que interviene también el recurso de su persona (Salvados, 2016).

  • Finalmente, el-la educador-a social, particularmente el-la que actúa en el campo de los Servicios Sociales, debería tener presente tres finalidades (compartidas también por otros profesionales, con los que trabaja interdisciplinarmente en dicho ámbito): que la gente con la que trabaja sea más autónoma (con capacidad de tomar decisiones sobre su vida), que este más integrada socialmente y que tenga asegurada la protección de sus derechos básicos. Estos tres aspectos serían, al tiempo, indicadores básicos para poder evaluar una intervención educativa de calidad (Fantova, 2008).


 



 

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