Comunicado del CGCEES sobre las actuaciones de acogimiento a los MENAS

31/01/2019 - Estado

Comunicado del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) sobre las actuaciones de acogimiento a los MENAS


MENA (MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS)

Las Educadoras y los Educadores Sociales son unas/unos de las/los profesionales con responsabilidad educativa en los centros de acogida que deben atender en primera instancia, y a lo largo del proceso de acompañamiento, a las/los niñas/niños y adolescentes migrantes sin referentes adultos, tal como queda definido en la legislación española.

En los últimos meses se ha constatado la creación de nuevos centros de emergencia, a través de convenios con “entidades colaboradoras”, con poco margen de tiempo, sin tener en cuenta la cualificación profesional necesaria del personal contratado y con contratos laborales precarios.

El CGCEES manifiesta su total desacuerdo con estas actuaciones y reclama que se actúe dentro de la legalidad y en el marco de los convenios colectivos establecidos. 

 

COMUNICADO

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COMUNICADO DEL CGCEES SOBRE LAS ACTUACIONES DE ACOGIMIENTO A LOS MENA

Con la llegada masiva de niños/niñas y adolescentes migrantes, surgen afirmaciones erróneas sobre la falta de Educadoras y Educadores Sociales para formar parte de los equipos educativos que se están constituyendo para los nuevos servicios. En algunas Comunidades Autónomas los/as responsables de las Administraciones han transmitido, a los Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales del territorio, su preocupación ante la comunicación, por parte de las entidades que se ofrecen para gestionar los nuevos centros de acogida, de la falta de dichos/as profesionales y la necesidad de cubrir sus plazas con otros perfiles, por lo que las Administraciones se muestran “flexibles” a introducir “otras figuras profesionales del sector social”.

Es difícil sostener el argumento de la ausencia de profesionales de la Educación Social teniendo en cuenta que en las últimas promociones universitarias se han titulado más de 2.000 Educadoras/es Sociales, sumadas/os a las/os ya existentes, por lo que, atendiendo a los derechos y a la específica realidad de los MENA, es necesario e imprescindible que sea personal cualificado el que se contrate para esta tarea.

Creemos que la supuesta falta de profesionales se debe a la precariedad laboral y las ofertas que no cumplen con los convenios colectivos establecidos y se rigen por convenios propios o de otra índole con el fin de recortar los derechos y los salarios de las Educadoras y los Educadores Sociales, los cuales no se corresponden con el grado de responsabilidad que adquieren en su ejercicio profesional. El perfil de los y las profesionales de los centros residenciales de acción educativa debe ir asociado a la finalidad del recurso residencial. El y la profesional de referencia del centro, y cualquier otro dispositivo, que constituirá la base del equipo, será el/la educador/a social con el apoyo de otros/as profesionales para programas específicos. Quienes deben ejercer el papel de referente socioeducativo, y tienen el perfil adecuado, son las Educadoras y los Educadores Sociales. No se puede aceptar que la atención a un colectivo con necesidades extremadamente delicadas recaiga en otros/as profesionales y se ponga en riesgo a personas con una situación de extrema vulnerabilidad.

Las niñas, los niños, y las/os adolescentes migrantes deben disponer de los recursos necesarios y adecuados para su acogida y la realización de su proyecto migratorio. Ello requiere la definición de los nuevos dispositivos creados para la primera acogida que serán de urgencia y diagnóstico (finalidad, recursos profesionales y terapèuticos para el diagnóstico y evaluación y propuesta). Una vez realizado el diagnóstico inicial deben poder entrar dentro del circuito habitual del acogimiento residencial establecido en las leyes de protección a la infancia estatal y autonómicas, ampliando la red de recursos de acogimiento residencial y familiar que tengan en cuenta el grado de autonomía y la situación personal a nivel social y educativo. Requerimos del permiso de residencia y de trabajo, apoyos específicos y trabajo en red y coordinado con Justicia, Educación y Salud para los/as niños/as y jóvenes con el objetivo de facilitar la integración y llevar a cabo el proyecto socioeducativo que permita la inclusión en las comunidades que les acogen. Es necesario conocer con total transparencia la situación de estos/as niños/as y jóvenes informando de todos los datos posibles: evolución de la llegada en los últimos diez años, planificación de los recursos para la acogida, número de plazas profesionales creadas para la nueva situación y su evolución en el tiempo, distribución territorial, distribución del colectivo según su situación y proyecto vital, llegada de paises de origen, en tránsito, enraizamiento social en el territorio, llegada de vuelta de paises europeos, vuelta a países de origen. Este Consejo considera imprescindible que el Gobierno del Estado aumente las transferencias económicas en las políticas de protección a la infancia y juventud, especialmente aquellas que vayan asociadas al desarrollo de un proyecto vital basado en la formación y la inserción laboral y comunitaria. Trasladar el problema a las administraciones locales y a las autonómicas no lo resuelve ya que no disponen de suficientes recursos para sostener las políticas sociales del estado del bienestar. Solicitamos la creación de mesas de diálogo en las que participen todos los agentes sociales implicados y los/as jóvenes acogidos/as para debatir y reflexionar sobre el modelo de gestión de estos recursos y sus proyectos educativos.


Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) Enero de 2019

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